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Incertidumbre de los trabajadores por el cierre de la agencia de ARCA en Concepción

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Dirigentes de la Asociación Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) buscan apoyo político para evitar el cierre de la sede de la ex AFIP. La decisión del gobierno de Milei afecta a varias delegaciones del país

Fabricio Suárez, vocal de la Mesa Directiva Nacional AEFIP e Ingresos Públicos mantuvo una reunión con el intendente Alejandro Molinuevo y el diputado nacional Roberto Sánchez en el municipio de Concepción.

Suarez señaló que en esta agencia trabajan más de 15 empleados y “el grado de influencia abarca desde Acheral hasta Huacra, es decir, nuestra cobertura es para todo el sur de la provincia. El cierre afectaría a los más de 27000 contribuyentes directos y a la población en general”, indicó el gremialista.    

El dirigente planteó la necesidad de que las autoridades municipales, legislativas del ámbito provincial y nacional se pronuncien en contra de esta medida.

“Conseguimos el apoyo del intendente de Concepción Alejandro Molinuevo y del diputado Roberto Sánchez. Le planteamos la importancia de mantener abierta la oficina, buscar un nuevo lugar físico y menos costoso. Sabemos que esta decisión está afectando a muchos compañeros de diferentes sedes de la Argentina”, indicó el Suarez y agregó que, “con esta medida el Ejecutivo nacional busca una reducción de costos y un reordenamiento de las dependencias”, cerró.

 Un plan de recortes en todo el país

 
En medio de un clima de tensión y fuertes críticas hacia la gestión nacional, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, avanza con el recorte.

Con el paso de los días, se supo que la decisión impactaría en delegaciones clave como Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui. Además, en el interior bonaerense, las oficinas de Bragado, San Nicolás, San Pedro y Chivilcoy cerrarán sus puertas en un plazo de 45 días, generando la necesidad de que miles de contribuyentes se trasladen a ciudades vecinas para cumplir con sus trámites impositivos.

La resolución oficial apunta a “mejorar la eficiencia organizacional” del Estado, argumentando que en los últimos años “se ha sobredimensionado la estructura organizacional de la Dirección General Impositiva (DGI)”. El Ejecutivo nacional sostiene que esta reforma busca una reducción de costos y un reordenamiento de las dependencias.