Entre diciembre del 2023 y marzo del 2025, mediante engaños, el efectivo de la fuerza solicitó dinero a varias personas con el supuesto fin de facilitarles el ingreso de sus hijos a la Policía de Tucumán. En total, les pidió más de $ 7.300.000.

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, conducida por Mariana Rivadeneira, convocó a una audiencia que se desarrolló este miércoles con diversos propósitos: legalizar la aprehensión, formalizar la investigación, formular cargos y requerir medidas de coerción contra un empleado policial.

Está sospechado de haberles cobrado importantes sumas de dinero a distintas personas con la falsa promesa de garantizarles el ingreso de sus hijos a las fuerzas de seguridad de la Policía de Tucumán.

Además, en esta ocasión, el Ministerio Fiscal pidió autorización para declarar la causa como asunto complejo. En representación del MPF intervino la auxiliar de fiscal, Mónica Torchán, que le endilgó al acusado ser presunto autor del delito calificado provisoriamente como defraudación por supuesta remuneración a jueces u otros empleados públicos de forma reiterada.

Asimismo, la investigadora se encargó de relatar detalladamente cuál es la teoría del caso. Precisó que, entre diciembre del 2023 y marzo del 2025, mediante engaños y en diferentes oportunidades, el efectivo solicitó dinero a seis personas con el supuesto fin de ser destinado a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia, quienes facilitarían el proceso de ingreso de familiares de las víctimas a la Policía de Tucumán.

Así, mediante la falsedad de tener contactos que les permitirían el ingreso a sus hijos como empleados policiales, les solicitó en su totalidad una suma que ronda los $ 7.300.000.

Causa compleja

Torchán solicitó que la causa sea declarada como asunto complejo, lo que implica un plazo más amplio para la investigación penal preparatoria (normalmente son seis meses).

“Se trató de un delito grave en donde, por el momento, existe un imputado, pero hay múltiples víctimas. Sin descartarse de que en el transcurso de la investigación surja perjuicio patrimonial a un mayor número de pretensos aspirantes a estos cargos de la Policía, que hasta la fecha no presentaron formales denuncias”, manifestó.

Al mismo tiempo, agregó: “Utilizó diferentes cuentas bancarias. Para acceder a ellas tenemos que pedir autorización judicial con el fin de obtener una conexión con el imputado. También, en el curso de esta investigación, es necesario identificar testigos, entrevistar víctimas, analizar documentación y teléfonos celulares secuestrados. Y no se descarta que se puedan identificar a otros partícipes en estos hechos”.

Encarcelado

Como último petitorio, la Fiscalía demandó que se imponga la prisión preventiva del uniformado por el término de 60 días, al considerar que están presentes los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización de la causa. “Hay que asegurar el proceso. Estimo que, de quedar en libertad, el imputado podría torcer el testimonio de víctimas”, dijo Torchán, que indicó que las víctimas residen en zonas rurales, y son de escasos recursos económicos.

“Es importante resaltar el daño a resarcir por el perjuicio patrimonial que ocasionó a las víctimas, quienes mediante engaños fueron despojadas de grandes sumas de dinero, entregadas al imputado en la creencia de que a través de él y de sus supuestos contactos con funcionarios de Seguridad ellos podrían acceder a un puesto laboral. Estamos hablando de millones de pesos que recibió”, concluyó.

En su resolución, la interviniente decidió hacer lugar a todo lo requerido por la Fiscalía y ordenó el inmediato traslado del acusado al complejo penitenciario de Benjamín Paz./MPF