Este jueves la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF) logró mediante un juicio abreviado que se condene a dos masculinos, Alberto Felipe López (59) y Arturo Alejandro Augier (50), por el delito de peculado en calidad de coautor y partícipe necesario, respectivamente.
La auxiliar de fiscal Brenda Deroy, por delegaciones de la titular Mariana Rivadeneira, se refirió a las características del hecho, consistente en el desvío de módulos alimentarios provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Posteriormente, la representante del MPF oralizó el convenio que establece la pena de tres años de ejecución condicional.
Durante la investigación, se estableció que el hombre de 59 años se desempeñaba como empleado público (donde posteriormente fue sumariado de una repartición y finalmente desvinculado).
Por tal motivo, la Fiscalía solicitó para él la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos. Además del cumplimiento de reglas de conductas, entre ellas la prohibición de efectuar actos turbatorios, ambos deberán realizar trabajos no remunerativos a practicarse en beneficio de una institución de bien público.
Lo expuesto fue autorizado por el juez actuante quien homologó el convenio arribado con conformidad de la querella, en representación del Gobierno provincial.
Cabe recordar, que el acusado, sindicado como “cabecilla” de la organización Juan Alberto López Cansillier, (39) es hijo de Alberto Felipe López, permanece con prisión preventiva.
La teoría del caso
Como consecuencia de un hallazgo casual en el domicilio sito en barrio Manantial Sur de esta ciudad capital, lugar de residencia de padre (59) e hijo (39), mientras se llevaba a cabo el allanamiento en fecha 25 de noviembre de 2024 (ordenado en el marco del legajo sobre lesiones leves agravadas contra el hombre de 39 años), se pudo constatar la existencia en dicho domicilio del acopio de gran cantidad de mercadería cuya venta se encontraba prohibida, y de documentación que da cuenta de la comercialización de la mismas, quienes la desviaron del destino de donación para los diferentes dispositivos alimentarios de sectores vulnerables, con el fin de venderlas en beneficio propio, todo ello con la necesaria colaboración de personas de su confianza.
Los retiros de mercadería ocurrieron entre el año 2023 y 2024 mediante órdenes de entrega emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social del depósito sito en autopista Juan Domingo Perón camino al aeropuerto (en Alderetes) que le habían sido confiadas para su distribución.
Allanamiento y escándalo
El 25 de noviembre de 2024, la Policía concretó un allanamiento por una causa caratulada como "lesiones leves agravadas" en contra de Juan Alberto López Cansillieri.
En el operativo, concretado en barrio Manantial Sur, se halló un importante volumen de mercadería que había sido otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia para su entrega a personas en situación de vulnerabilidad, a través de organizaciones sociales.
En esa ocasión, se secuestraron 792 cajas de puré de tomate, 615 botellas de aceite, 900 paquetes de arroz, 1.180 paquetes de yerba, 945 paquetes de fideo, 1.190 paquetes de harina, 1.010 paquetes de lenteja, 790 paquetes de azúcar, 30 paquetes de harina y 40 unidades de leche en polvo.
Según detalló el MPF, la investigación demostró que estos productos habían sido otorgados bajo el formato de módulos para su entrega a personas vulnerables. De hecho, en otros allanamientos por esta causa secuestraron más productos asignados por Desarrollo Social a organizaciones sociales.
Además, en la pesquisa se reunieron evidencias de que, una vez acopiados, los alimentos eran comercializados, a pesar de contar con el sello "prohibida su venta".
Junto a López, López Cansillieri y de Augier, en este proceso también están imputadas Brenda Gisell Muñoz y Malvina Soledad Décima. La expectativa en el gobierno es que, tal como sucedió en la audiencia de este jueves, la próxima semana se cierren sus expedientes mediante la vía de probation.
