Luego de que fracasaran nuevamente las negociaciones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno Nacional definió el ajuste del mismo mediante decreto una vez más. El valor que determinó el Poder Ejecutivo fue prácticamente el mismo que el ofertado por las empresas, que se apoyan en el respaldo del presidente Javier Milei para negarse a negociar con los gremios un piso salarial digno.

En ese marco, todas y cada una de las reuniones entre gremios, empleadores, el Estado Nacional y los gobiernos provinciales terminaron en fracaso debido a la postura intransigente de la pata empresarial. Mientras que los gremios solicitaron recuperar el terreno perdido ante la inflación, la contraparte ofreció subas significativamente por debajo del avance de los precios. Al no haber acuerdo, la decisión recayó en manos de la Secretaria de Trabajo, que todas y cada una de las veces se puso del lado más fuerte de la relación laboral.

La última cita tuvo lugar el 29 de abril. En la misma, los sindicatos propusieron llevar el salario mínimo a $ 644.165 en abril y a $ 657.703 en mayo, concretando una suba del 121 % que, según explicaron, permitiría a los trabajadores recuperar solamente una parte del poder adquisitivo perdido. Del otro lado, el sector empresario presentó una oferta del $ 301.500 para abril, $ 306.500 para mayo y $ 311.500 para junio, lo que implicaba un incremento mensual del 1,3 %. Ante las significativas distancias, el Gobierno Nacional decidió arbitrar por medio de un laudo y determinó una actualización del 8,47 % progresivo hasta agosto, cuando el SMVM alcanzará la módica suma de $ 322.000.

Además de establecer el piso legal de ingresos que puede percibir un empleado por su trabajo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil también impacta en distintas prestaciones sociales de Anses.

En su momento los beneficiarios del eliminado Potenciar Trabajo cobraban el equivalente al 50% del SMVM, aunque con su reemplazo por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social esto se modificó por un monto fijo que quedó congelado en los $ 78.000 desde la asunción de Milei.

Pero también sirve como tope para determinar el derecho o no a cobrar otros programas, como el caso de las Becas Progresar (de Respaldo a Estudiantes Argentinos), del que quedan excluidos los estudiantes cuyas familias tengan ingresos que superen los 3 salarios mínimos. Con este mínimo fijado para mayo en $ 308.200, los hijos de familias que cobren en conjunto más de $924.600 no podrán recibir el beneficio. Se trata de una cifra irrisoria si se toma en cuenta que para no ser pobre la misma familia necesitó en abril $ 1.110.063, según datos del INDEC.

Por el momento las inscripciones están cerradas (con excepción del Progresar Trabajo), pero volverán a abrirse en agosto. Para ese momento se habrá completado el esquema de actualizaciones previstas para el SMVM, llevándolo a $ 322.000. Esto significa que para poder solicitar la asistencia, el grupo familiar de un estudiante no deberá cobrar en conjunto más de $ 966.000, lo que equivale a un 13 % menos que el valor calculado por el mismo Gobierno para la canasta de pobreza de abril.  

En este sentido, el requisito económico podría representar un obstáculo importante para la inclusión de estudiantes al programa de becas y profundizar la tendencia a la baja que viene teniendo el nivel de cobertura desde que asumió Javier Milei. Desde diciembre del 2023, cuando el programa alcanzó sus máximos históricos, con 1.870.986 inscriptos, la política de ajuste implementada por el gobierno de La Libertad Avanza ocasionó una reducción significativa de las becas. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), para el cuarto trimestre de 2024, a menos de un año del inicio de la nueva gestión, la cantidad de beneficiarios se redujo en 511.712 hasta llegar a 1.359.274, es decir, 27,3% menos de jóvenes con la posibilidad de acceder a una beca para mantener sus estudios.

Esta situación, sumado al ajuste en el poder adquisitivo de las becas, representó para el Gobierno un "ahorro" importante en términos presupuestarios. De 2023 a 2024, el presupuesto destinado al programa sufrió una caída del 65 % en términos reales y se proyecta una nueva disminución de 2024 a 2025 del 18 %. Esto sugiere que no solo no se recuperará el poder adquisitivo perdido, sino que es probable que también se mantenga en descenso la cantidad de beneficiarios.