La titular del juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2, Martina Forns, hizo lugar a una medida cautelar presentada por uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la DNV y puso en suspenso la ejecución del decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La magistrada sostuvo en su resolución que el decreto no podía estar fundamentado en la Ley Bases (Nº 27.742), ya que este no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, excluido expresamente de la reorganización administrativa y que, además, fue creado por ley hace más de 93 años. En otras palabras, Forns entiende que el Congreso no autorizó al presidente Javier Milei a disolver la DNV y que, por lo tanto, si quisiera avanzar en ese camino, debería hacerlo por ley sancionada por ambas cámaras.
El fallo viene a poner un poco de luz en donde sólo había oscuridad. Surgió cuando la incertidumbre y la impotencia ya se habían vuelto parte del día a día de los trabajadores del organismo y si bien no resuelve la cuestión de fondo, les permite a los sindicatos ganar tiempo para conseguir los respaldos necesarios para frenar definitivamente las pretensiones del Gobierno. "La verdad que hoy ha sido algo lindo ver la medida de no innovar que salió, que es por seis meses. Por supuesto que el Gobierno Nacional va a apelar, así que hay que seguirle dando batalla. Vamos a frenar a este Gobierno que viene con su decreto nefasto a disolvernos", expresó el secretario gremial del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, Gabriel Acosta.
Más allá de la alegría ocasional, desde el gremio saben que se trata de un pequeño triunfo en el marco de una batalla legal y política que recién comienza. Por tal motivo, se apuran en intentar conseguir el apoyo de diputados y senadores para que rechacen el decreto, a la vez de que buscarán también dar vida a un proyecto de ley que blinde la autonomía de la DNV y le asegure fondos para su funcionamiento. "Estamos enviando solicitudes a nuestros diputados y senadores, a quienes les vamos a pedir que den su apoyo al proyecto. Sabemos que tienen una agenda ocupada, pero estamos expectantes y creemos que la próxima semana nos podríamos estar reuniendo con ellos", señaló Acosta.
Al mismo tiempo, los dirigentes locales visitaron varias veces la mesa de entrada de la Casa de Gobierno de Tucumán para solicitar una "audiencia urgente" con el gobernador Osvaldo Jaldo. Ven con buenos ojos las disensiones que surgieron entre las administraciones provinciales y el presidente e intentarán aprovechar el momento. "Sabemos que el gobernador nos abrió las puertas para poder analizar el tema y ya hemos hecho las presentaciones pidiendo ser recibidos, pero hasta ahora no hemos tenido ningún contacto", añadió el sindicalista.
Derechos laborales en riesgo
En la resolución judicial firmada por Forns se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podía generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. Para la magistrada se constituyó “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” que “puede derivar en un perjuicio efectivo”, por lo que decidió hacer lugar a la cautelar. La jueza, además, destacó que el artículo 32 del decreto cuestionado condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, en violación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y normas de jerarquía constitucional.
El gobierno ya adelantó que apelará el fallo y advirtió que no tiene intenciones de dar marcha atrás con su motosierra, lo que genera una sensación de incertidumbre e inseguridad entre los trabajadores de la DNV. Esto impulsó a que, a pesar del fallo a favor, los gremios mantengan el estado de alerta y asamblea permanente, y se apresuren a definir nueva medidas, mientras que continúan realizando sus tareas habituales. "Tenemos compañeros también que siguen en sus puestos de trabajo, saliendo a las rutas, haciendo todo lo que es corte de pasto, bacheo, despejes de obra. Acá en Tucumán, trabajando sobre la ruta 65 que es de ripio, trabajando en 7 de abril, en la ruta 34 traza vieja, que también la mantenemos nosotros. Hay compañeros cambiando señales, haciendo reposición de señales. Seguimos haciendo nuestra tarea, lo que no significa que hayamos dejado de luchar. Vamos a seguir en la lucha con los senadores y con los diputados. Por suerte, hay varios legisladores que están presentando proyectos de ley para que caiga este decreto nefasto que emitió el señor presidente", sentenció.
Qué es la Dirección Nacional de Vialidad y cuál es su aporte
Fundada en 1932, la Dirección Nacional de Vialidad se definió como el organismo técnico con potestad de construir, mantener y administrar la red vial nacional, que supera los 40.000 kilómetros e incluye más de 5.500 trabajadores distribuidos en todo el país, incluídos unos 190 en nuestra provincia.
La DNV sostiene equipos propios y oficinas regionales en todas las provincias argentinas, a cargo de la ejecución de obras y el mantenimiento de rutas y caminos. Su rol es estratégico tanto para la seguridad vial como para los sectores productivos que necesitan vías en óptimas condiciones para transportar sus mercaderías, insumos y equipamiento móvil.
Según un relevamiento propio de los trabajadores del organismo, el 60% de las rutas nacionales se encuentra en pésimo estado por falta de presupuesto para mantenimiento y reparación. Además, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia no se han iniciado nuevas obras públicas y solo se han garantizado tareas de señalización, bacheo y desmalezamiento, mientras que las inversiones han sido completamente frenadas.
Este problema ya se refleja en rutas clave de Tucumán, como el tramo entre Banda del Río Salí y Las Cejas, que carece de señalización y se encuentra en condiciones críticas.
