"El juicio penal en ausencia permite dar un mensaje a la sociedad y es una cierta manera de dar una reparación a las víctimas”, afirmó el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), Sebastián Basso, durante una sesión del Comité de Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que dirige Juan Félix Marteau.

Se refirió al nuevo instituto, establecido a partir de la reforma del Código Procesal Penal, que permitirá juzgar a diez responsables del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994. Así lo resolvió el juez Daniel Rafecas, quien consideró aplicable la nueva legislación, aunque su decisión tendrá que  ser confirmada por la Cámara Federal, que deberá resolver sobre la apelación de una de las organizaciones de familiares -APEMIA- y de la Defensoría.

“Treinta y un años después, el desafío es hacer justicia en un caso en el que todavía no pudimos sentar en un banquillo a las personas que la Fiscalía considera responsables del atentado”, señaló el funcionario, quien reemplazó en el cargo al fallecido fiscal Alberto Nisman. Durante su exposición, repasó las pruebas que incriminan al grupo terrorista libanés Hezbollah y a altos cargos de la República Islámica de Irán.

“El atentado terrorista con coche bomba es un hecho que ya está probado por tres juicios orales”, recordó el titular de la UFI-AMIA. “Hemos podido reconstruir quiénes están detrás del hecho”, subrayó, y mencionó, en particular, la figura central del libanés Salman Raouf Salman (o “Samuel Salman El Reda”, según su pasaporte falso colombiano), el ‘cerebro’ del atentado.

También vinculó este acto con la explosión de un avión de la aerolínea panameña “Alas Chiricanas”, ocurrido un día después del coche bomba contra la AMIA, donde fallecieron, entre otros, doce ciudadanos israelíes. “Ambos atentados fueron reivindicados en un periódico local del Líbano por una misma organización”, explicó Basso. El grupo “Ansar Allah” era, en verdad, una de las denominaciones utilizadas por Hezbollah. “Este comunicado es, para la Fiscalía, muy importante porque fue un mensaje comunicacional diciendo que podían llevar su misión a cualquier parte del mundo”, añadió Sebastián Basso.

¿Cómo se vincula Salman Raouf Salman con el régimen iraní? Tal como explicó el titular de la UFI-AMIA, la cuñada de este ciudadano libanés era la secretaria privada de Mohsen Rabbani, quien había ingresado a la Argentina en 1983 y ocupaba, al momento del atentado, el cargo de agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires. Tanto Salman como Rabbani se encuentran entre los diez acusados que serán juzgados en ausencia.

El fiscal Basso también se refirió al “testigo C”, Abolghasem Mesbahi, quien había declarado en Alemania por un atentado ejecutado por Hezbollah en 1993. El testimonio de este disidente del régimen iraní, un antiguo integrante del cuerpo de inteligencia, y otras pruebas recolectadas por la Fiscalía permitieron llegar a lo más alto de la estructura de poder de la República Islámica. “Sobre esta base, se pudo reconstruir que la decisión de atentar contra la AMIA fue adoptada por un comité especial presidido por el ayatolá Alí Jamenei, aproximadamente un año antes”, especificó el funcionario a cargo de la investigación, quien recordó que Hezbollah fue una creación del régimen de Teherán y opera bajo sus órdenes.

“Argentina tiene certezas para afirmar que hubo funcionarios del gobierno iraní de entonces que tomaron la decisión de cometer el atentado y trasladaron esa orden a las autoridades de Hezbollah, que tuvo a su cargo la organización en la Triple Frontera y desde allí se trasladó un grupo operativo, que colocó la bomba y el mismo 18 de julio se retiró del país”, completó el titular de la UFI-AMIA. El funcionario recordó que hubo pedidos de captura internacionales en 2006 y en 2023.

¿Cuáles son los cargos contra los acusados? Tal como expresó el fiscal, al no existir en el momento de los hechos una calificación especial del delito vinculada al terrorismo, la acusación es por el delito de homicidio, que tiene entre sus agravantes el odio por tener como objetivo a la comunidad judía.

Otra imputación que hace la Fiscalía es la de “asociación ilícita” contra personajes como el ciudadano libanés Faruk Omair, que está siendo juzgado en Brasil, imputado por su participación en el caso AMIA por haber facilitado a varios de los acusados una identidad falsa y haber contribuido a su desplazamiento sigiloso y oculto en la zona de la Triple Frontera. Con esta misma calificación se persigue a “José El Reda”, hermano de Salman Raouf Salman, quien también colaboró en la organización del atentado.

Por último, considerados responsables de la creación y el apoyo al grupo terrorista Hezbollah, los altos cargos iraníes también serán juzgados por el delito de “asociación ilícita agravada”, que es la que se aplicó en el caso de la toma del cuartel de La Tablada en diciembre de 1988 por parte de la agrupación Todos Por la Patria.

Los funcionarios iraníes que serán juzgados en ausencia son:

•     el exministro de Relaciones Exteriores de Irán, Alí Akbar Velayati;
•     el exministro de Información del régimen, Alí Fallahijan;
•     el excomandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi;
•     Mohsen Rezai, un alto cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria;
•     Mohsen Rabbani, agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina;
•     Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la representación diplomática iraní en Argentina;
•     Hadi Soleimanpour, quien era embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires en 1994.