Ante la persistencia de las bajas temperaturas en la provincia, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, anunció que el martes 1 de julio no habrá clases en todo el territorio provincial. La medida, que se toma por segundo día consecutivo, responde a recomendaciones sanitarias en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. “Mañana va a ser igual o más frío que hoy”, explicó la ministra, quien detalló que la decisión fue tomada tras dialogar con el titular de Salud, Luis Medina Ruiz. “No queremos chicos internados por problemas respiratorios”, señaló.
Tras conocerse la noticia, algunos establecimientos de gestión privada informaron a sus comunidades educativas que este martes retomarían las clases de manera habitual. Ante esta situación, el Sindicato Argentino de Docentes Privados emitió un comunicado para alertar sobre los riesgos de ignorar la disposición ministerial y exigir a los propietarios que la respeten.
"En la actual ola de frío extremo que azota al país, el Ministerio de Educación de Tucumán dispuso la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades para este martes 1 de julio en resguardo de la salud de docentes y alumnos. Incumpliendo lo dispuesto y en contra de la medida adoptada desde el sentido común y guiada por un criterio humanitario básico, hay empleadores que convocan a los docentes a presentarse en los establecimientos. A ellos, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) les requiere y recuerda el art. 75 de la LCT, que establece el deber de proteger la integridad psicofísica y la dignidad de las y los trabajadores/as", reza la misiva firmada por el secretario general, Mario Dionisi.
De este modo, el gremio respaldó la decisión adoptada por el Gobierno de la provincia. "Causa asombro e indignación que haya propietarios de colegios que no respeten normas tan elementales y expongan no solo a las y los docentes sino también al alumnado a contraer graves enfermedades y a la falta de cobertura por seguros. Las potenciales consecuencias son mucho más gravosas desde todo punto de vista", agregaron.
Por último, confimaron que el sindicato "realizará las inspecciones necesarias para constatar que se cumpla la disposición ministerial y activará los mecanismos legales tendientes a proteger a las y los trabajadoras/es".
