El MPF había solicitado la derivación al fuero federal basándose en una supuesta conexión con una causa federal donde los mismos imputados están siendo investigados por narcotráfico y lavado de activos. Sin embargo, el juez Rojas determinó que no existen pruebas suficientes que vinculen directamente ambas causas.

El magistrado enfatizó que declarar la incompetencia en este momento afectaría "garantías básicas" de los acusados, especialmente de aquellos que se encuentran bajo prisión preventiva, como Roldán, Lorú, Barrionuevo y Jiménez. Rojas señaló que un cambio de fuero podría poner en riesgo el derecho al recurso de los detenidos y que el receso judicial podría demorar aún más la resolución de sus situaciones procesales.

Posiciones de las defensas y situación del exintendente

Durante la audiencia, la mayoría de las defensas técnicas se opusieron al planteo fiscal, cuestionando la falta de pruebas concretas para el cambio de fuero y la oportunidad procesal del pedido. Solo la abogada Silvia Furque, defensora de Jiménez, apoyó la solicitud del MPF.

En cuanto al exintendente Campos, si bien aún no se le ha formulado una imputación formal en esta causa, cuenta con un decreto de apertura de investigación penal preparatoria (IPP), lo que hizo obligatoria su presencia en la audiencia.

Finalmente, el juez Rojas resolvió que la causa seguirá tramitando en el ámbito provincial, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar la competencia más adelante, una vez que se garanticen los derechos procesales de todos los imputados.