Tras una reunión que se inició con discusiones reglamentarias por la conducción del plenario y críticas al oficialista José Luis Espert, apuntado por su rol al frente de la Comisión de Presupuesto, diputados avanzaron con los dictámenes en torno a la emergencia pediátrica, tema impulsado a partir del conflicto desatado por el desfinanciamiento del hospital Garrahan.

Con algunas disidencias, el dictamen de mayoría fue firmado por 65 diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, misioneros y salteños de Innovación Federal y la radical Natalia Sarapura.

El primer dictamen de minoría fue suscripto por 14 diputados de La Libertad Avanza en rechazo a la propuesta.

En tanto, con 10 rúbricas presentaron un despacho propio diputados de la UCR, la CC y una del Pro, la chubutense Ana Clara Romero. Aunque en la previa bloques de la oposición impulsores del debate intentaron arribar acuerdos con radicales y un sector de los amarillos, aliados del oficialismo, con el fin de juntar un importante número de firmas, finalmente no sucedió. El cuarto dictamen fue del Frente de Izquierda.

El dictamen de mayoría busca declarar la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina” por un año -originalmente preveía dos- “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”.

Además, declara al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y dispone que se garantice, en el marco de la ley, “su funcionamiento pleno y sostenido”.

Uno de los artículos que se agregó, con aval de UP y DpS, más no de toda la coalición opositora, y sobre el que buscarán zanjar diferencias camino al recinto, es el que prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.

La iniciativa además establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

También, la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud -incluidos los residentes-, la cual “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”. Asimismo, plantea la exención en Ganancias para todo el personal, cuando desempeñen actividades críticas, horas extras y/o guardias.

“El Poder Ejecutivo Nacional reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”, indica el texto sobre el financiamiento.

Finalmente, se crea “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, agrega otro artículo.