La decisión de Sturzenegger y sus implicancias

La medida, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y anunciada junto al vocero presidencial Manuel Adorni en el último día de las facultades delegadas, implica la desaparición del organismo encargado del mantenimiento de las rutas nacionales en todo el país. Además, se informó la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En paralelo, el Gobierno anunció la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a ser la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, y la apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que consideran "degradadas como nunca antes".

Adorni justificó la decisión de disolver Vialidad Nacional vinculándola con el "caso judicial donde se investigaron irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015", en referencia a los gobiernos kirchneristas.

 La resistencia de gobernadores y gremialistas

La postura de disolver Vialidad Nacional no solo genera rechazo entre sus trabajadores, sino también entre gobernadores de diversas provincias, quienes ven la obra pública como un pilar fundamental para la movilización de su producción. Gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Alberto Weretilneck (Río Negro) ya habían demandado al Estado Nacional por la suspensión de obras en sus distritos.

Para Graciela Aleñá, secretaria general del STVyARA, la acción judicial del Gobierno conduce a la "aniquilación de los organismos estatales, con afectación a la permanencia de la fuente de trabajo" y la estabilidad de los empleados públicos, incluyendo áreas clave como seguridad vial y tecnología.

El gremio sostiene que la celeridad con la que Sturzenegger impuso el desguace estatal "genera una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores". Subrayan que esto pone en riesgo "la seguridad, los adelantos tecnológicos y la custodia de la vida digna de todos los argentinos", al afectar obras y servicios esenciales reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

Finalmente, el amparo alerta sobre una "seguidilla in crescendo de accidentes viales a consecuencia del abandono", atribuyendo un crecimiento de siniestros a la falta de presupuesto para obras públicas. Los trabajadores viales ven en esta medida un avance en la "destrucción del Estado Nación", con la consiguiente pérdida de empleos y el favorecimiento a las importaciones por sobre la industria nacional. El gremio concluye su acción legal recordando a los jueces su deber de asegurar la supremacía de la Constitución Nacional a través del control de legalidad y razonabilidad de las normas.