Siete personas fueron imputadas formalmente en el marco de la causa penal que investiga la usurpación de las tierras del “Loteo Gaucho Castro”, en El Mollar. En una audiencia desarrollada este lunes, el juez Mario Velázquez hizo lugar a todos los pedidos del Ministerio Público Fiscal (MPF), aunque rechazó el planteo de prejudicialidad y le llamó la atención a la Fiscalía por la demora en la investigación.

Los siete sospechosos de haber generado un emprendimiento inmobiliario utilizando las tierras que pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia, ubicadas en la zona del perilago de La Angostura, son:

Juan Pablo Castro (supuesto titular del emprendimiento)

Rafael Trujillo (empleado de la ex subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat)

Maximiliano Barreiro (empleado de la misma repartición)

Fernando Rogel Chaler (el ex titular de Dominio Territorial)

Yanina Mamaní (nuera de Trujillo)

Damián Romano (nieto político de Castro) 

Jorge Cruz, el ex comisionado rural de El Mollar

La causa se inició a inicios de 2025, luego de que la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, denunciara que había personas detrás de un emprendimiento inmobiliario que involucraba a las tierras de la Reserva Natural La Angostura, las cuales además de encontrarse en un área protegida tenían una medida de no innovar.

En primera instancia la investigación fue dirigida por la fiscal Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros, pero luego de la feria el expediente pasó a manos del fiscal Miguel Varela, del Centro Judicial Concepción.

Después de más de siete meses de estudiar el caso y de llevar a cabo múltiples medidas y allanamientos, los investigadores señalaron a siete personas. Además de los cargos por estafa y asociación ilícita, imputaron a Castro por usurpación; a Trujillo, Barreiro y Cruz, por negociaciones incompatibles con funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público; a Chaler, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Hipótesis

Para la Fiscalía los siete imputados, junto a personas aún no identificadas, se habrían asociado ilícitamente para desarrollar el emprendimiento urbanístico llamado “Loteo Gaucho Castro”, con el cual comercializaron los terrenos, a pesar de que todos sabían que eran propiedad del Estado. Por esto los imputaron como coautores de los delitos de estafa y asociación ilícita.

Toda la trama empieza con Castro. Siguiendo la acusación oficial, el hombre, en compañía de Romano, desapoderó al Estado de un terreno del dominio público afectando al área natural protegida. Posteriormente se asoció con los empleados de la ex subsecretaría de regulación dominial y hábitat, Trujillo y Barreiro -quienes se desempeñaban en el área administrativa y en la confección de planos-, y con su director, Rogel Chaler. Fue así que entre 2020 y 2025, “con la ayuda del comisionado Cruz”, se habrían falsificado documentos, se habrían loteado las tierras, trazado calles, enripiado, y gestionado la instalación de red de agua y de luz, a los fines de ofrecer las parcelas y beneficiarse económicamente.

Los encargados de las ventas habrían sido Yanina Mamaní y Damián Romano, quienes contactaban a los compradores interesados, los engañaban diciéndoles que el dueño de las tierras era Castro, les mostraban los lotes y luego celebraban las transacciones en una escribanía.

Todo esto “sin avisarle a las víctimas que carecían de la titularidad dominial del terreno vendido, ya que el mismo era de titularidad del Estado. Como consecuencia los damnificados se vieron imposibilitados de inscribir el inmueble como titular registrado a su nombre y tampoco pudieron recuperar el dinero pagado”.

Hasta el momento la Unidad Fiscal identificó cuatro casos de estafa.

El primero fue el 4 de marzo de 2022. “Trujillo, Barreiro y Mamaní realizaron ante una escribana la operación de venta de un lote con F.M.M., quien en buena fe les entregó $200.000, dinero que no pudo recuperar hasta la fecha”.

El segundo fue el 11 de enero de 2024. Utilizando el mismo mecanismo, Castro le vendió a J.A.C. un lote por $1 millón. El 23 de enero de 2024 Trujillo, Barreiro y Mamaní comercializaron un lote a A.T.C., por la suma de $4 millones; y el 6 de agosto de 2024 Castro negoció otra parcela a cambio de $5 millones.

Debido a los roles que cumplió cada miembro de la banda, Girardi y Ceccotti además de la coautoría de los delitos de estafa y asociación ilícita, les endilgaron diferentes calificaciones legales a cada uno de ellos.

Evidencias

Luego de informar la hipótesis del caso, las auxiliares expusieron un largo listado de las evidencias recolectadas con colaboración de la Fiscalía de Estado, representada por el abogado José María Molina.

Entre las más relevantes mencionaron un informe remitido por EDET, en el cual consta que Cruz en julio de 2021 le solicitó a la empresa la factibilidad para el suministro eléctrico de 65 lotes de Gaucho Castro.

Posteriormente, en septiembre de 2023, habría pedido que se revalide la presentación, al cual EDET no hizo lugar porque no cumplían los requisitos establecidos.

Presentaron un informe con imágenes satelitales del loteo desde el año 2002 hasta 2024 emitido por Catastro. En el mismo se observa que en 2020 apareció la primera construcción en el loteo, en 2023 había tres y en 2024 las restantes.

Dijeron que existen constancias para escrituración que fueron emitidas por la subsecretaría de Regulación Dominial y Hábitat entre 2021 y 2023 que están firmadas por Rogel Chaler, que certifican que Castro es el poseedor actual y que está tramitando la escrituración.

También citaron múltiples informes realizados por la División de Flora y Fauna, por ingenieros agrimensores en los cuales se advierten irregularidades y construcciones no autorizadas en el terreno en disputa, y mencionaron los boletos de compraventa secuestrados al allanar el domicilio de Castro./La Gaceta