El gobierno de Javier Milei avanzó, este lunes, en un nuevo ajuste sobre el Ministerio de Economía en las áreas de transporte y agricultura, con la disolución de algunos organismos, por un lado, y la modificación de otros que pierden autonomía, por el otro.

Así lo hizo mediante el decreto 585/2025, el cual modificó el organigrama del ministerio que dirige Luis Caputo para adaptarlo a decretos y resoluciones previas que habían confirmado la eliminación o modificación de sus organismos.

Entre los organismos efectivamente suprimidos se encuentran la Unidad Ejecutora del Régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Asimismo, se eliminan unidades internas del Instituto Nacional de Semillas (INASE), que ya había sido eliminado, del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), aunque este último continúa funcionando bajo la Secretaría de Industria y Comercio.

Por otra parte, en el área de transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte fueron reemplazadas por nuevas agencias bajo la Secretaría de Transporte, esta última reducida a la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. A su vez, algunas direcciones de la ex-ANSV se redistribuyeron a la Secretaría y Subsecretaría de Transporte.

Asimismo, otros organismos fueron trasladados o reconvertidos: el INPI pasó a ser organismo desconcentrado de la Secretaría de Industria y Comercio; el INTA y el INV se incorporaron como unidades de primer nivel operativo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por su parte, la Casa de Moneda cambió oficialmente su forma jurídica a Sociedad Anónima Unipersonal, dejando de ser una Sociedad del Estado en el camino hacia su privatización.

Se trata de varios organismos que habían sido modificados o eliminados en julio pasado, antes del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley Bases de junio de 2024.



En paralelo, el Gobierno avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Así lo hizo mediante el Decreto 584/2025 publicado en el Boletín Oficial, que definió las atribuciones que tendrá el nuevo organismo como complemento del decreto 585/2025.

En ese marco, el decreto establece que el Director Ejecutivo de la Agencia tendrá dedicación exclusiva y quedará sujeto a un régimen de incompatibilidades: durante el ejercicio de su cargo y hasta dos años después de cesar, no podrá ser propietario ni mantener interés directo o indirecto en empresas de transporte, ni ejercer influencia sobre ellas ni mantener relación laboral o profesional con esas compañías. Su remoción solo podrá concretarse por un acto fundado del Poder Ejecutivo Nacional.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.

El rechazo de ATE al decreto 585/2025

Tras conocerse el decreto, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, cruzó las medidas oficiales al afirmar que son inaplicables y que, técnicamente, todavía no entraron en vigencia, por lo que pidió al Congreso que las frene.

"El Presidente, Javier Milei, insiste en seguir gobernando por Decreto, pero el 585/25 que emitió hoy para tratar se seguir desguazando el Estado, es INAPLICABLE", afirmó en su cuenta de X.

"A diferencia de los anteriores, no entra en vigencia a partir de su publicación (no lo dice en el texto), por lo tanto se rige por el Código Civil y Comercial en su Artículo 5: 'Las leyes rigen al OCTAVO DÍA de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen'", advirtió.

En ese sentido, reclamó que "antes, este JUEVES el SENADO debe sesionar y PONER FIN AL TOTALITARISMO del Gobierno". De este modo, se refirió al tratamiento del rechazo a los decretos por los que, en uso de las facultades delegadas, el Gobierno disolvió varios de estos organismos a mediados de julio, los cuales ya fueron rechazados por Diputados.