"Es un tema complejo", sostuvo el especialista para iniciar su análisis. "Lo primero que hay que analizar es qué norma se estaría violentando. Según la presentación, sería el artículo 73 de la constitución, que establece que los gobernadores no pueden ser miembros del Congreso. Es decir, no puede ocupar dos cargos en simultáneo. No dice que no puede ser candidato. El sentido del artículo es mantener el sistema federal que se estaba imponiendo en forma definitiva hacia 1853. Lo que se pretendía es que los gobernadores no integren el Congreso para no romper la división del sistema federal", remarcó.
En ese sentido, explica Mirra, legalmente el gobernador está habilitado para participar de una elección, sin perjuicio de la decisión que adopte tras la votación. Es decir, si decide finalmente no asumir la banca por la que podría resultar electo. Y agregó que la justicia electoral no puede, según ha marcado la jurisprudencia para estos casos, emitir un juicio de valor basado en una suposición. "La Cámara Nacional ya ha fallado en presentaciones anteriores y ha concluido que no se puede emitir un fallo previo a una elección, basándose en una conjetura de que no hay una intención real de asumir", subrayó.
Más allá de lo netamente jurídico, el constitucionalista ahondó en que con las testimoniales "se inventó algo nuevo". "Un candidato que ocupa un cargo y que no pretende asumir uno nuevo es algo reciente. Esto dio lugar en el pasado a un planteo que llegó hasta a la Cámara Nacional Electoral en 2009. En esa ocasión, la CNE, por voto mayoritario, sostuvo que los candidatos que manifestaron su intención de asumir (Sergio Massa y Daniel Scioli, que eran jefe de Gabinete y gobernador de Buenos Aires, respectivamente) y que si no lo hicieran sería de una gravedad inusitada, pero que eso es ajeno al control judicial, porque no se podía resolver sobre conjeturas".
El caso citado por Mirra fue el primero en generar planteos en contra. En aquella oportunidad, en los primeros 4 lugares de la lista oficialista en la provincia de Buenos Aires para la Cámara baja figuraban el ex presidente Néstor Kirchner, el entonces gobernador Daniel Scioli, la actriz Nacha Guevara y el entonces jefe de Gabinete de la Nación, Sergio Massa. De los 4, sólo Kirchner asumió su banca.
Antes de las comicios, la Unión Cívica Radical (UCR), Afirmación para una República Igualitaria (ARI) y el GEN impugnaron las candidaturas de Scioli y Massa ya que entendían que no asumirían, lo que para los impugnantes constituía un fraude. El entonces juez federal con competencia electoral Manuel Blanco desechó los reclamos. “El debate lo tienen que dar los partidos, no los jueces”, señaló.
El caso llegó a la Cámara Nacional Electoral. El tribunal electoral, por mayoría, confirmó el fallo de primera instancia y rechazó las impugnaciones. Señaló que Scioli y Massa “expresaron formalmente en sentido afirmativo dicha voluntad en al menos 3 instancias” y “frente a la expresa pretensión de acceder al cargo por el cual compiten, manifestada en estos autos por los candidatos cuestionados, es de toda evidencia que no puede exigírsele a la justicia desentrañar las intenciones, propósitos o planes íntimos de quienes se presentan al electorado requiriéndoles el voto”.
Advirtió, luego, que en caso de que la ciudadanía resulte traicionada “si, por acciones futuras, llegase luego a comprobarse que los candidatos no fueron ‘honestos’ en sus expresiones”, significaría “una inaceptable manipulación de las instituciones de la República”, pero que “escapa a las atribuciones del Poder Judicial resolver sobre la base de hipótesis, conjeturas, suspicacias o sospechas -sean estas fundadas o no-”.
Otro ejemplo lo tuvimos esta semana, en la antesala de los comicios provinciales en Buenos Aires, cuando la Junta Electoral de ese distrito rechazó una impugnación interpuesta contra las candidaturas testimoniales y recordó a la Legislatura bonaerense que debe regular estas postulaciones. El cuerpo colegiado que es autoridad en la elección provincial aseguró que “la falta de normativa en la materia desprotege al votante y genera una debilidad en el proceso electoral”.
En el voto de mayoría, la Junta Electoral señaló que “es disvalioso para el sistema institucional y éticamente reprochable que una persona se postule para un cargo a sabiendas que no asumirá”. Sin embargo, añadió, “no es ilegal, por lo que no puede ser observado a priori por ello”.
¿Las testimoniales son un engaño?
No habiendo una regla que las prohiba expresamente -sostiene Mirra-, la pregunta que hay que responder es si presentarse a elecciones sin intenciones de asumir realmente configura una violación a la confianza del electorado. "Lo que se debe pretender es ser lo más auténtico frente al electorado. Lo que hay que hacer es un compulsa para determinar si existe realmente un engaño. Esa es la parte fáctica que falta, porque si no son todas conjeturas", consideró.
En este sentido, citó el artículo 23 del pacto de San José de Costa Rica, que en su inciso b establece los requisitos para votar y ser elegidos. "Allí se habla de elecciones periódicas auténticas. La cuestión es cómo interpretamos eso. ¿Qué es lo auténtico?. ¿Sólo debe serlo el proceso electoral o todo lo que rodea a ese proceso?. Es muy discutible, porque estamos en una tensión en donde parecería que las candidaturas son testimoniales, pero estamos en democracia, donde se estima que debe haber una transparencia al votante".
No obstante, el especialista remarcó, sin expresar una postura al respecto, que no solamente con las testimoniales se podría interpretar que existe un engaño hacia el electorado, sino también con las promesas de campaña incumplidas. "Sabemos que hay muchas promesas que se le dice al electorado y que no se cumplen", sentenció.
