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El comisionado comunal de El Cercado fue imputado por homicidio culposo agravado

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Carlos Juárez fue imputado por homicidio culposo agravado tras ser identificado como el conductor de la camioneta que atropelló y mató a Silvia Robles, de 62 años, el jueves por la noche en la ruta 325.

Un juez procesó al comisionado comunal de El Cercado, Carlos Juárez por homicidio culposo agravado por haber sido cometido con un vehículo motor, bajo la influencia de alcohol y por haberse dado a la fuga. Sólo por ahora quedará con prisión preventiva por cinco días, plazo en el que será sometido a una serie de evaluaciones médicas para determinar si le corresponde estar detenido en una comisaría o cumplir la medida con la modalidad de arresto domiciliario.

El auxiliar fiscal César Larri dijo que el jueves, pasada las 20, en el kilómetro 4 de la ruta 325, Juárez que conducía una VW Amarok, embistió a Silvia Robles (62 años) que transitaba por ese camino en bicicleta, provocándole la muerte en el acto.

El representante del Ministerio Público confirmó que el funcionario se escapó del lugar y luego de dos horas, se presentó en la comisaría de Capitán Cáceres con la camioneta. Antes lo había hecho su hermano Jorge Juárez, que intentó hacer creer que él era el conductor del vehículo.

“El análisis médico efectuado al acusado arrojó que tenía aliento etílico, evidencia junto a otras pruebas clínicas que se le hicieron, nos permiten sostener que conducía en estado ebriedad”, señaló Larri.

“Es evidente que la presentación de su hermano haciéndose cargo del accidente era para evitar que se tuviera en cuenta ese agravante”, añadió durante el debate.

El investigador reconoció que hasta el momento no pudieron recoger muchos testimonios. “Es evidente el miedo que hay entre los pobladores. Aún así pudimos descubrir algunos detalles que todavía deben ser confirmados. Entre otros, que el acusado participó de un homenaje a los docentes por su día”, indicó.

“Estamos ante un caso grave porque hablamos de un funcionario público que debería dar el ejemplo a la comunidad. No sólo conducía bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sino que además se fugó del lugar sin importarle el estado de la víctima”, explicó Larri.

El auxiliar solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 30 días. “Necesitamos producir más pruebas, esperar los resultados de las pericias y realizar el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para terminar de entender la mecánica del accidente y, además, analizar la conducta del imputado después del percance”, indicó.

“Pero también debemos garantizar el proceso. Juárez, al ser el comisionado de El Cercado, puede interferir con la investigación amedrentando a los testigos, sin contar que es al menos sospechosa la conducta de su hermano que intentó hacerse cargo del percance.

“Lo único que pretendemos es que se haga Justicia. Mi madre utilizaba la bicicleta como medio de transporte y terminó así”, dijo Fabiana Torres, hija de la mujer fallecida en el accidente. “Pero nuestro mayor dolor es que él no se haya detenido a ayudar a mi mamá. Juárez la conocía de toda la vida y sabía el cariño que sentía por él. Ni aún así se paró para asistirla. Queremos Justicia”, repitió.

“En este tipo de casos es muy importante contar en forma rápida con la mayor cantidad de evidencia que permita reconstruir como sucedieron los hechos para una correcta acusación y el análisis de riesgo procesales”, aseguró el penalista José María Molina.

“Eso es lo que hicimos en un recordado hecho registrado en San Miguel y Marcos Paz, donde el conductor chocó el taxi que conducía nuestro asistido que falleció en el acto. Ese trabajo fue la base de una posterior condena y reparación”, añadió.

La resolución

El juez Matías Graña aceptó todos los planteos realizados por la parte acusadora, aunque discrepó sobre el dictado de la medida cautelar. “No soy médico, simplemente un juez. Jurídicamente considero que están probados los indicios para que se acepte la formulación de cargos, para que se le dicte una prisión preventiva que garantice el proceso. Además, hay que tener en cuenta que puede recibir una condena de entre tres y seis años”, explicó.

“Pero también es indispensable que sea revisado por los profesionales de la salud para que, como estipulan las normas vigentes, se determine si puede permanecer detenido en un calabozo”, agregó al fundamentar la resolución./elocho.tv