Después de cinco horas de debate parlamentario, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (26.122) con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones. Sin embargo, el artículo 3 que proponía plazo de 90 días para tratar los decretos no alcanzó la mayoría absoluta y la norma deberá volver al Senado.

La votación en particular de los artículos 1,2,4,5 y 6 logró la mayoría absoluta requerida, pero el artículo 3 resultó con 127 a favor, 90 en contra y 7 abstenciones. De esta manera, el texto regresa al Senado con modificaciones, donde en función de ser la cámara de origen podrá insistir con la sanción original.

La nueva ley, que había sido aprobada en el Senado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO, modifica la ley 26.122 de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Ferández, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

A favor de la reforma, votaron Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coherencia, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

En el recinto

Por otro lado, el bloque radical que comanda Rodrigo de Loredo, los cuatro misioneros de Innovación Federal y varios representantes de gobernadores como los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila, y la santafesina Melina Giorgi de Democracia para Siempre se abstuvieron.

Si bien esta norma no manifiesta cambios en la política fiscal del Gobierno nacional, el presidente Javier Milei dejó en claro que será vetada.

Cuando la Cámara baja intentó avanzar con este debate a finales del 2024, el libertario fue consultado sobre el tema: "Obviamente que la voy a vetar porque en el fondo están queriendo hacer un golpe de Estado". Lógicamente esa postura del jefe de Estado, sigue igual un año después.

El Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de promulgación parcial de leyes fue impulsado por Cristina Kirchner en su mandato como senadora nacional en el 2006.

La norma fue sancionada el 20 de julio de ese año y, entre varios puntos, creó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Qué dice la ley

El proyecto aprobado este miércoles establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos.

Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el trámite legislativo de blindaje a los DNU: en caso de que prospere este nuevo régimen, los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial.

El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja. La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es establecer que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.