La producción de combustibles a partir del maíz y de la caña de azúcar busca subirse al tren de Vaca Muerta y ganar protagonismo en el mercado nacional de gasoil y naftas. Con ese objetivo la Liga de Provincias Bioenergéticas —que integran Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán— impulsan una nueva Ley de Biocombustibles que ya tiene estado parlamentario.
La iniciativa, respaldada por sectores públicos y privados, pretende ampliar los espacios de producción y darle mayor previsibilidad a la industria del bioetanol y el biodiésel, dos rubros que buscan dejar de ser actores secundarios en el mapa energético del país.
El planteo quedó formalizado en una nota al jefe de Gabinete Guillermo Francos, y apunta a que el Gobierno acompañe la sanción del proyecto, que promueve la diversificación de la matriz energética, la sustitución de importaciones y la generación de empleo regional. Los industriales destacan que fortalecer la cadena del maíz, la soja y la caña no solo permitirá reducir la dependencia del petróleo, sino también aportar a la sustentabilidad y al desarrollo federal. En un contexto donde el petróleo y el gas concentran la atención, los biocombustibles reclaman un lugar propio en el tablero energético argentino.
El nuevo marco legal propuesto busca ampliar progresivamente los porcentajes de mezcla de biodiésel y bioetanol en los combustibles tradicionales, habilitar motores flex y kits de conversión, y permitir la libre comercialización por encima de los cortes mínimos.
También plantea reemplazar los cupos y precios regulados por un esquema de licitaciones transparentes entre privados, para mejorar la competitividad del sector. El objetivo es claro: abrir la puerta a un mercado más dinámico, que pueda convivir y complementarse con el poderío de Vaca Muerta, sin quedar rezagado frente al avance del no convencional.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz, desde donde solicitaron a los senadores nacionales que aprueben el proyecto que no implica costo fiscal alguno, genera ahorros en divisas, promueve competencia, empleo e inversiones, ofrece mayor soberanía energética, y constituye una verdadera política de Estado para una industrialización federal y la competitividad de actividades de relevancia socioeconómica.
Ambas cámaras empresariales enviaron a todos los senadores una nota conjunta con las firmas del presidente del Centro Azucarero, Jorge Feijóo, y del director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, en la que manifiestan su “pleno apoyo” al referido proyecto y les piden “su voto para permitir su aprobación por el Senado de la Nación”.
Fundamentan el pedido en un apartado en el que destacan los beneficios del proyecto, que implica la modificación de la ley 27.640 a la que consideran "agotada", y cuya vigencia implica "un freno para la actividad y para nuevas inversiones".
En la reseña, las cámaras afirman que el proyecto de la liga de provincias Bioenergéticas (expediente S-1495/24) "propone un esquema superador, previsible y sostenible" y "no afecta intereses existentes", explicando en ese punto que "la propuesta impulsa crecimiento sin perjudicar a las empresas petroleras —solo sustituye nafta importada— ni a las provincias productoras de hidrocarburos, ya que las regalías se cobran sobre el crudo y el gas extraído, no sobre los combustibles que se mezclan o importan".
El proyecto eleva el corte obligatorio de bioetanol en naftas del 12% al 15, incorpora un mercado libre por encima de ese umbral, y amplía las opciones de combustibles y de movilidad para los consumidores (autos flex, híbridos, etc.) y mayor uso en las provincias, así como fomenta la competencia y la transparencia al eliminar los cupos y los precios discrecionales. En su lugar, se implementan licitaciones públicas y transparentes por volumen y precio, con un techo en paridad de importación que asegura precios competitivos y protege al consumidor.
Otro fundamento por el que las cámaras promueven el proyecto es que "no reclama privilegios fiscales", puntualizando que a diferencia del RIGI, "no contempla subsidios, ni beneficios en Ganancias, IVA, aduanas o acceso cambiario". Los representantes empresariales puntualizan que el proyecto garantiza la neutralidad fiscal, con un costo fiscal neto equivalente a menos de 0,017% de la recaudación nacional y que no tiene impacto en el precio del surtidor ni en el costo de petrolera ni en las cuentas públicas
La aplicación del proyecto de la Liga, dicen las cámaras, implicará un "ahorro de divisas para el país" estimado en USD 150 millones anuales por la "sustitución de importaciones de nafta”.
En particular para las producciones, representa "industrialización e Impulso federal y productivo" dado que "genera valor agregado en origen al maíz y la caña de azúcar, promueve empleo de calidad en el interior y otorga a las provincias herramientas para desarrollar sus propias políticas energéticas".
Asimismo, el proyecto permite que las empresas petroleras participen en el mercado del bioetanol, integrando soluciones concretas frente al enorme desafío ambiental de ese sector.
Por último, las cámaras señalan los beneficios en materia de "Soberanía Energética + Alimentos" ya que al aumentar la producción de bioetanol, no solo se importan menos naftas, aumenta también la producción de energía eléctrica renovable y la producción de alimentos para producir carnes, leches y huevos.