El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó la declaración indagatoria de Ernesto Raúl José Iramain, director ejecutivo de la UGL PAMI Tucumán, y de Esteban Ernesto Leguizamo, director ejecutivo nacional del PAMI. Las audiencias se realizarán de manera remota el 13 de noviembre y buscan determinar el posible incumplimiento de medidas judiciales relacionadas con la entrega de medicamentos.

La investigación surge del Expediente N° 7024/2025, iniciado tras una denuncia de la Asociación Civil REDECU por supuesta "resistencia o desobediencia a funcionario público". Se acusa a los funcionarios de no cumplir la suspensión de las resoluciones del PAMI N°2431/2024 y N°2537/2024, que modificaban el régimen de acceso a medicamentos con cobertura del 100% para jubilados y pensionados.

El amparo colectivo buscaba revertir las restricciones que establecían límites de ingresos, propiedad de inmuebles y antigüedad de vehículos para acceder a los medicamentos esenciales cubiertos totalmente por el Plan Vivir Mejor, que operaba desde 2020.
Posibles delitos y consecuencias

La Fiscalía federal encuadra la conducta de Iramain y Leguizamo en dos delitos:

    Desobediencia judicial (Art. 239 del Código Penal): hasta un año de prisión por no acatar una orden judicial.

    Incumplimiento de deberes de funcionario público (Art. 249 del Código Penal): sanciones económicas e inhabilitación por retrasar u omitir actos de oficio.

Según la investigación, afiliados del PAMI en Tucumán denunciaron que los medicamentos que antes estaban cubiertos al 100% ahora se venden con cobertura parcial, evidenciando un incumplimiento de la medida cautelar.

El Juzgado Federal determinó que, de no contar con abogado particular, se les asignará un defensor público para las audiencias, las cuales se efectuarán desde las sedes de la PFA en Tucumán y CABA.