Tres días antes de las elecciones –y en respuesta a una medida cautelar de la Justicia– la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) anunció que restituirán la totalidad de las pensiones que se suspendieron producto de las auditorías. La decisión, informaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), se dio en el marco de una acción de amparo colectiva que se presentó en Catamarca y se hizo extensiva a todo el país. Pero el proceso no estuvo desprovisto de costos: en lo que va del año el Ministerio de Salud gastó casi $ 23 mil millones en el envío de cartas documento para este proceso que hoy se reconoce –al menos con esta decisión de la Justicia– como nulo. Otro costo es el que, hasta ahora, pagaron las personas que perdieron su pensión: quienes tuvieron que suspender sus tratamientos o buscaron la manera de solventarlos no recibirán un reconocimiento retroactivo por eso.

PERFIL consultó al Ministerio de Salud y a la vocería presidencial –encargada, a través de Manuel Adorni, de anunciar los resultados de las auditorías– si, más allá de la orden de la Justicia, se había pensado en cómo compensar la pérdida de cobertura en salud para quienes la tuvieron suspendida y cómo se puede corroborar que todas las pensiones suspendidas serán efectivamente restituidas, pero no obtuvo respuesta.

Desde la cartera que dirige Mario Lugones sí habían informado, sin embargo, que el importante aumento presupuestario que habían tenido para el servicio de “correos y telégrafos” (que había pasado de los $ 126 millones a los $ 30.126 millones) se debía a “todas las cartas documento que se mandaron para auditar las pensiones no contributivas”. En total, según los datos del presupuesto abierto, ya están comprometidos para el pago $ 22.973 millones, de los cuales se ejecutaron casi $ 8.000 millones.

Si bien la resolución de Andis no lo especifica, la cautelar ordena al Gobierno no solamente a restituir las pensiones, sino también a “devolver los haberes retenidos hasta la fecha, es decir, los que no se hubieran cobrado desde la suspensión”, explicó Belén Arcucci, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de Acij. “También dictaminó no disponer nuevas suspensiones”. Si se restablece el pago citando la medida cautelar, agregó, “deberían pagar los meses que no cobraron. Pero la verdad es que no lo sabremos hasta que las personas empiecen a cobrar efectivamente, porque si dice que el pago será por el cronograma de pagos vigentes de ANSES, entonces hay que esperar al próximo mes a ver si las personas vuelven a cobrar y si eso viene con el retroactivo”.

La ley de emergencia en discapacidad que el Ejecutivo vetó, y que luego del rechazo del Congreso se vio obligado a promulgar, todavía no se cumple. Desde el Gobierno condicionaron la aplicación a que sea la Legislatura la que informe cómo se financiará.

El 21 de septiembre, sin embargo, a través de la decisión administrativa 24/2025, el presupuesto de la Andis se amplió en $ 121.363 millones con el objetivo de “dar respuesta, a partir del 1° de octubre del corriente año, al reclamo de actualización formulado por los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”. Los valores no se actualizan desde diciembre de 2024, pero tampoco se modificaron después de publicada la norma.

“La Agencia Nacional no libera esos fondos, todavía no los ejecuta”, explicó Alex Goldman, presidente de la Fundación IPNA, que trabaja por la inclusión social de personas con discapacidad intelectual. “Llegado el fin de año (si esto sigue así) esos fondos van a volver a Economía”, aseguró.

La situación de IPNA, así como la de muchos otros centros de día, es crítica. “En la provincia de Buenos Aires alrededor del 20% de las instituciones de discapacidad cerraron por quiebra, y todos los demás, incluyendo nosotros, estamos sumamente endeudados”, agregó Goldman. En este contexto, afirmó, “las personas con discapacidad están muy asustadas, muy preocupadas por su futuro, por la incertidumbre que genera no saber si se quedan sin rehabilitación, sin atención, sin apoyos para la inclusión de la comunidad”.

Los profesionales y transportistas se empiezan a dedicar a otras actividades “porque en el área de discapacidad, entre que les pagan poco, les pagan a 90 y 120 días”. Y concluyó: “vemos cómo el sistema, además de estar en emergencia, empieza a colapsar”.

La última reunión para tratar el tema de aranceles con las organizaciones que trabajan en la temática fue suspendida por la Andis. El interventor se negó a recibir una nota presentada por los trabajadores argumentando que “no trabaja bajo presión”. Se solicitaba precisamente que se ejecuten esos $ 121 mil millones para dar respuesta a los prestadores que no reciben una actualización en las tarifas de sus servicios desde el año pasado. Fuente: Perfil