“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, posteó en vísperas de la reunión de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA su presidente, Maximiliano Ferraro. Allí anticipó que el informe final “incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”.

La reunión está prevista para este martes 18 de noviembre a las 16 en la Sala 1 del Anexo A, y será el último escalón recorrido por esta comisión que a lo largo del año trabajó con altibajos, pues recién pudo meterse de lleno en tema a partir de que pudo designar autoridades, el 28 de agosto pasado, convocada a instancias del pleno, que emplazó a resolver las autoridades de la comisión mediante un sistema votado en el recinto.

Le siguieron a esa reunión otras nueve y la de este martes será la décima, en la que se dará a conocer un informe final que será elevado a Diputados antes del 20 de noviembre. Un expediente que, según se sabe, cuenta con diez cuerpos que incluyen actas, testimonios, documentos de exchanges, informes técnicos y dictámenes.

La comisión investigó activamente durante los tres meses posteriores. Entre los testimonios más reveladores, cabe recordar el de Martín Romeo, damnificado y querellante, quien relató que 86% de los inversores perdió casi todo su dinero en menos de 12 horas, por un total de USD 280 millones retirados del mercado.

En ese marco, Iñaki Apezteguia, especialista en criptomoneda, sostuvo que no hubo estafa, lo que generó visiones contrapuestas. En rigor, esos testimonios se conocieron ya no en los últimos tres meses, sino en la reunión informativa celebrada el 25 de junio, cuando también se había emplazado a la comisión a avanzar con la investigación aun cuando no tenía autoridades. Esa reunión fue encabezada entonces por el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, y allí expusieron también Irina Hauser, periodista de Página 12; Alejandro Bercovich, periodista de C5N y Radio con Vos; Nicolás Pechersky, abogado especialista en finanzas; Fernando Molina, ingeniero en Sistemas; Santiago Siri, experto en Criptoactivos; Maximiliano Firtman, programador y director de “Itmaster”;  y Gabriel Rey Linares, abogado y analista de sistemas.

Los diputados ordenaron interpelaciones al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos; al ministro de Economía Luis Caputo; al de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos cumplió con ese trámite, el 30 de abril de este año, quien negó sobre la firma de documentos relacionados con el documento “Viva La Libertad Project” del criptoactivo $LIBRA, reiteró que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados”.

Añadió, también, que “tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”. Y cerró respondiendo a las acusaciones contra su persona: “como jefe de Gabinete, no tuve ningún rol en esta cuestión”.

El jefe de Gabinete hizo referencias a la comisión investigadora señalando que “en un Estado de Derecho, la división de poderes debe respetarse de forma estricta para garantizar el funcionamiento institucional”, y enfatizó que “la función de las comisiones investigadoras debe encontrarse subordinadas a las competencias propias del Poder Legislativo: deliberar, legislar y ejercer su función de control sobre los poderes del Estado”. “No pueden transformarse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse funciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”, agregó Guillermo Francos, quien, además, indicó que “de ningún modo se ha pensado que las mismas deban sustituir la labor de los jueces y Ministerio Público Fiscal”.

La actitud del oficialismo fue siempre la de no aportar para el esclarecimiento de la controversia. A través del decreto 332/2025 se disolvió la Unidad de Investigación (UTI) creada tras el tuit de Milei, mientras que los funcionarios citados —como Karina Milei, Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, o Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA— se negaron a presentarse: Melik no aceptó la notificación, en tanto que Zicavo se ausentó en las audiencias.

Tampoco los diputados de La Libertad Avanza mostraron mayor interés en el trabajo de la comisión, y sobre el final, la diputada Alida Ferreyra definió el proceso como “nulo”, denunciando vulneración de garantías. En contrapartida, Sabrina Selva, quien fuera sugerida como titular de la comisión por Unión por la Patria, defendió la participación de la Justicia. La diputada bonaerense expuso que 36 billeteras superaron ganancia de un millón de dólares y apuntó a una presunta “cooperación” para monetizar la imagen presidencial.

Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, confirmó una billetera relacionada con Mauricio Novelli, recibiendo USD 300.000 en noviembre 2024 y USD 250.000 en enero 2025.

La comisión reaccionó con medidas legales y recursos extraordinarios. Presentó uno ante la Corte Suprema para permitir uso de fuerza pública frente a bloqueos procesales, como así también denuncias penales contra un grupo de funcionarios: desde el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona hasta autoridades de la UIF, CNV, y figuras judiciales.

Según el diputado Juan Marino, existen “indicadores de mal desempeño” en Milei y su entorno, tras analizar decenas de órdenes de pago, incluidas hasta 140.000 billeteras. Los medios especializados sostienen que el 85 o 95% de las inversiones se volatilizaron rápidamente, describiéndolo como un “rug-pull” impulsado por el tuit presidencial emitido el viernes 14 de febrero.

La actitud del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi frente a la Comisión Investigadora del Congreso por la causa $LIBRA fue, para los miembros de la oposición que la integran, claramente obstructiva y restrictiva. Negó el acceso al expediente a la Comisión Investigadora, argumentando que el sumario judicial es secreto para terceros y que divulgar información podría frustrar la investigación. Se apoyó en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien también se opuso al acceso irrestricto solicitado por los diputados. También rechazó pedidos clave: no autorizó la detención ni la indagatoria de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al escándalo de la criptomoneda, pese a denuncias de riesgo de fuga y entorpecimiento. El juez sostuvo que las medidas cautelares vigentes (como el congelamiento de activos) eran suficientes.

Su fallo fue calificado como un “no fallo” por especialistas, por usar formalismos para evitar avanzar en la instrucción y bloquear el control institucional del Congreso. En el Congreso se interpretó como un “fallo político”, ya que la negativa se produjo justo después de las elecciones, lo que generó sospechas de protección al entorno presidencial de Javier Milei.

La comisión aprobó pedir el jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano por obstrucción e incumplimiento de deberes.