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Revés judicial para ANDIS: La justicia ordena restituir pensiones por actuación "irregular"

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Un fallo contundente del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ha puesto en jaque la reciente política de auditoría y suspensión de pensiones no contributivas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Justicia consideró que el organismo actuó de manera irregular al suspender las prestaciones y ordenó la restitución inmediata de las mismas, extendiendo el alcance de la medida a todo el país.

Según la sentencia, que se hizo pública este jueves, la ANDIS tiene un plazo perentorio de 24 horas para pagar el dinero retenido a los beneficiarios afectados.

La acción judicial fue iniciada como un amparo colectivo por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones y el defensor del Pueblo provincial.

La demanda se centró en dos puntos principales: La implementación de auditorías médicas cuestionadas, la suspensión masiva de pensiones desde julio, donde los beneficiarios se enteraron de las bajas sin notificaciones claras ni oportunidad de defensa.

La ANDIS había argumentado su accionar basándose en los decretos 698/2017 y 843/2024, asegurando que las auditorías fueron debidamente notificadas y que las suspensiones se aplicaron solo donde no se acreditaron los requisitos médicos.

La sentencia definitiva desmontó la defensa de la ANDIS. La Justicia determinó que la Agencia no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que sustentaran las bajas.

El juez concluyó que esta omisión constituyó un mecanismo sin sustento jurídico para interrumpir prestaciones que son consideradas propiedad de sus titulares. Fue categórico al afirmar que las pensiones no contributivas "solo pueden ser retenidas a través de un procedimiento regular que respete el debido proceso y la defensa en juicio".

 El contexto de las bajas masivas

 Este reclamo judicial surge en medio de un contexto de masiva suspensión de beneficios a nivel nacional. Hasta el 16 de julio de 2025, el Gobierno había suspendido las pensiones de 65.230 personas de un universo total de un millón de beneficiarios. El informe oficial de la ANDIS había indicado que el 60% de los afectados no habría presentado la revisión médica.

En total, contando suspensiones, renuncias voluntarias (8.207) y bajas por fallecimiento (6.643), el Estado había dejado de abonar 80.080 pensiones, lo que significaba un ahorro mensual de $23.000.000.

La sentencia, de aplicación nacional, obliga ahora a la ANDIS a revertir estas suspensiones y pagar retroactivamente las sumas adeudadas.