La familia de la víctima exige la expulsión inmediata de la agresora y acusa a la institución de encubrimiento y falta de supervisión. El caso ya fue judicializado.

 La niña de 10 años habría sido llevada desde la cantina a un aula o baño, donde la agresora la habría tirado al piso y pateado, provocándole las graves lesiones.

La familia asegura que existen videos del ataque grabados por otros estudiantes, pero que docentes habrían ordenado a los alumnos borrar los archivos para ocultar la evidencia.

La madre de la víctima afirmó sentirse engañada, señalando que la supervisora conocía las "actas de conducta" de la niña agresora y que no hubo advertencias previas, a pesar de las amenazas ("Te voy a hacer sonar") hechas por la agresora a otras niñas de 5to grado.

Padres manifestantes cuestionaron la ausencia de personal docente durante los recreos, periodo en el que ocurrió la agresión, permitiendo que "los niños [estuvieran] solos".

Respuesta oficial y acciones judiciales

El caso ya está en tribunales. La madre confirmó que se tomó declaración y que un médico forense constató las lesiones, moretones y el diagnóstico.

La supervisora del sector, Julia Díaz, defendió la postura institucional, asegurando que el Ministerio de Educación ha estado "interviniendo desde septiembre" con equipos del Gabinete Psico-Socio-Educativo (GPI) y el SACE (Sistema de Atención al Ciudadano) para atender la salud física y mental de la menor.

Díaz convocó una reunión amplia con el Ministerio, gabinete, docentes y directivos para revisar el accionar del día del ataque.

 La familia reiteró que no busca intervención pedagógica, sino la "expulsión" de la agresora y que los padres de esta se "hagan responsables", enfatizando que "no fue una pelea, fue la agresión de una nena de 12 a una de 10".

Mientras la alumna víctima enfrenta una recuperación de al menos treinta días con yeso, la causa judicial avanzará en tribunales. La familia exige acceso a las actas internas de la escuela para probar la existencia de antecedentes. El Ministerio de Educación deberá definir si toma medidas disciplinarias más severas, mientras que los padres anticiparon que continuarán con acciones legales.