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Robó dólares y euros a la familia para la que trabajaba y fue condenada en un juicio abreviado

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Se realizó este viernes una audiencia en la que se homologó un acuerdo de juicio penal abreviado pleno en una causa por hurto agravado, que culminó con la condena de una empleada doméstica, a tres años de prisión de ejecución condicional.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, conducida por la fiscal Susana Elena Cordisco, con la intervención del auxiliar de fiscal Miguel Fernández, en representación del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos ocurrieron entre los meses de agosto y octubre de 2025, período durante el cual la imputada de 30 años de edad, aprovechando la confianza depositada en ella y el acceso cotidiano a la vivienda, se apoderó de manera reiterada de 26.130 dólares estadounidenses y 2.800 euros, además de otra suma en moneda extranjera, que se encontraban guardados dentro de un mueble del inmueble.

La maniobra fue descubierta tras reiterados faltantes de dinero, lo que motivó una denuncia y el inicio de tareas investigativas.

Como parte de la pesquisa, se incorporaron registros fílmicos obtenidos mediante una cámara oculta, que permitieron documentar el momento en que la acusada accedía al mueble y manipulaba el dinero, sin que la cerradura presentara signos de forzamiento.

La investigación policial incluyó seguimientos y, posteriormente, un allanamiento en el domicilio de la imputada, donde se logró el secuestro de una suma de dinero en dólares y de un teléfono celular de alta gama, adquirido durante el lapso en que se produjeron los hechos.

Ante la solidez de las pruebas reunidas, la acusada reconoció su responsabilidad penal y aceptó la realización de un juicio abreviado, prescindiendo del debate oral.

En la audiencia celebrada este viernes, el Colegio de Jueces y Juezas resolvió condenarla a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, como autora del delito de hurto calificado por el uso de llave falsa o verdadera sustraída. Además, se le impusieron reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a las personas damnificadas.

Como parte del acuerdo, la imputada asumió una reparación económica, que incluye el pago de cinco millones de pesos y la entrega definitiva del teléfono celular secuestrado, quedando la sentencia firme en el mismo acto./MPF