El Poder Ejecutivo de Entre Ríos sacudió el escenario político nacional al denunciar formalmente el hallazgo de aparatos de espionaje ilegal instalados en la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y en diversas dependencias de la Secretaría General de la Gobernación.
El hallazgo y la respuesta judicial
Según confirmaron fuentes oficiales, se trata de dispositivos sofisticados de grabación de audio y video que permanecían ocultos en puntos estratégicos de las sedes gubernamentales. Ante la detección de estos elementos, la administración de Frigerio radicó una denuncia penal para que la Justicia determine quiénes instalaron los equipos, desde cuándo operaban y cuál fue el destino de la información captada.
"Este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad y la seguridad de las autoridades electas", señalaron a través de un comunicado oficial. Además de la vía judicial, se activó un sumario administrativo interno para investigar posibles complicidades dentro del propio personal del Estado.
Un mensaje contra "las mafias del pasado"
Desde la gestión actual, vincularon este suceso con mecanismos de control político que, según denuncian, estuvieron enquistados en la provincia durante las últimas dos décadas.
"Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras de control y persecución política. Ese tiempo se terminó. No vamos a encubrir ni a relativizar estos sótanos del poder", advirtieron desde el Ejecutivo.
Por su parte, el gobernador Frigerio utilizó sus redes sociales para ratificar su postura: "En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian", escribió en su cuenta de X, asegurando que estos hechos no frenarán las transformaciones iniciadas en diciembre de 2023.
Respaldo político
El PRO emitió un comunicado de respaldo inmediato a Frigerio, calificando el episodio como "gravísimo" y comparándolo con las peores épocas de la política clandestina. "En democracia no hay lugar para operaciones ni aprietes. Exigimos que la Justicia sancione a los responsables", manifestaron desde el partido.
La investigación ahora se centra en realizar un barrido electrónico completo en el resto de los ministerios para asegurar que no existan más dispositivos activos en la estructura estatal.
