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El Ejecutivo oficializó la inclusión de la baja de imputabilidad en las Sesiones Extraordinarias

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A través del Decreto 53/2026, el presidente Javier Milei habilitó el debate en el Congreso. El proyecto de Régimen Penal Juvenil será tratado a partir del 2 de febrero bajo la premisa "delito de adulto, pena de adulto".

Tal como lo había anticipado en su reciente acto en Mar del Plata, el Gobierno nacional formalizó este martes la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias del Congreso. La medida pone en el centro del debate legislativo la modificación del Régimen Penal Juvenil y la reducción de la edad de imputabilidad en el país.

El respaldo legal

La decisión quedó plasmada en el Decreto 53/2026, publicado en las primeras horas de hoy en el Boletín Oficial. El documento, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Manuel Adorni, establece en su primer artículo la incorporación de los proyectos vinculados a la minoridad de edad y el delito penal para el período que inicia el próximo 2 de febrero.

"Delito de adulto, pena de adulto"

El anuncio político que precedió a este decreto tuvo lugar en la ciudad de Mar del Plata, donde el mandatario ratificó su postura ante sus seguidores. Según fuentes oficiales, el proyecto impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia busca reemplazar la normativa vigente —heredada de la última dictadura militar— para permitir que menores de 16 años puedan ser juzgados ante delitos graves.

 "En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto", sentenció el mandatario, marcando el eje discursivo que defenderá el oficialismo en las comisiones legislativas.

Los puntos clave del debate

Edad de punibilidad: El proyecto busca bajar el piso actual de 16 años (la cifra exacta será motivo de discusión en el recinto).

Delitos graves: La iniciativa se enfoca principalmente en delitos de alta gravedad donde la participación de menores ha sido creciente.

Reforma del sistema: Se plantea una actualización integral de un régimen que las autoridades consideran "obsoleto" para la realidad criminal actual.

 Se espera que el debate en el Congreso sea uno de los más intensos del período extraordinario, dada la sensibilidad social y jurídica de la materia.