La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía actualizó los precios mínimos de los biocombustibles que se utilizan en la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, en el marco del régimen establecido por la Ley 27.640. La decisión fue formalizada a través de las Resoluciones 24/2026 y 25/2026, publicadas el 2 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, para las operaciones correspondientes a febrero:

• El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar tendrá un precio mínimo de $1.000,868 por litro.
• El bioetanol producido a partir de maíz fue fijado en $917,323 por litro.
• El biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil quedó establecido en $1.842.796 por tonelada.

Los valores rigen para todo el mes de febrero y se mantendrán vigentes hasta tanto la autoridad de aplicación publique una nueva resolución que los modifique.

Las actualizaciones se inscriben dentro del esquema normativo inaugurado por la Ley 27.640, que redefinió el régimen de biocombustibles en la Argentina y concentró en la Secretaría de Energía la facultad de establecer metodologías y precios de referencia para los productos destinados a la mezcla obligatoria.

Este marco derogó las leyes anteriores que regulaban el sector y avanzó hacia un sistema de precios administrados, con el objetivo declarado de reflejar los costos reales de producción, transporte y una rentabilidad considerada razonable, al mismo tiempo que se busca evitar impactos abruptos sobre los precios de los combustibles en surtidor.

En el caso del bioetanol, la Resolución 25/2026 se apoya en los criterios definidos por la Resolución 373/2023, luego modificada por la Resolución 709/2023, que habilitan ajustes excepcionales cuando se detectan desfasajes entre los precios regulados y la estructura de costos de los productores.

Para el biodiesel, el nuevo valor surge de la metodología establecida por la Resolución 963/2023, que fija el procedimiento para calcular el precio de adquisición del producto que se mezcla obligatoriamente con el gasoil. La última actualización previa había sido la dispuesta para enero mediante la Resolución 612/2025.

Además de los valores, las resoluciones incorporan definiciones relevantes para la operatoria comercial del sector.

En el caso del bioetanol, se estableció que el plazo de pago no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura correspondiente. Esta condición apunta a ordenar la relación entre productores y empresas obligadas a realizar la mezcla con naftas.

Para el biodiesel, en cambio, el plazo máximo de pago se fijó en 7 días corridos, una diferencia significativa que tiene impacto directo sobre el flujo financiero de las plantas productoras y la dinámica del mercado.

Ambas disposiciones entraron en vigencia de forma inmediata con su publicación en el Boletín Oficial.
Impacto en la agroindustria y el sistema energético

La actualización de los precios regulados de los biocombustibles tiene efectos directos sobre distintos eslabones de la economía. En primer lugar, impacta en el complejo agroindustrial, especialmente en las cadenas vinculadas a la producción de caña de azúcar, maíz y oleaginosas, que son la base de los biocombustibles utilizados en el mercado interno.

Al mismo tiempo, las refinerías y empresas obligadas a cumplir con los cortes mínimos deben incorporar estos nuevos valores en su estructura de costos, lo que puede trasladarse —total o parcialmente— al precio final de los combustibles, en un contexto en el que la política tarifaria y de precios energéticos sigue siendo un factor sensible para la inflación.

Desde la óptica regulatoria, la medida vuelve a poner en evidencia el rol activo de la Secretaría de Energía como árbitro del equilibrio entre la sustentabilidad económica de los productores de biocombustibles y la necesidad de evitar distorsiones en el mercado de combustibles líquidos.
Un esquema sujeto a revisión permanente

Los precios fijados para febrero no tienen carácter permanente. Como ocurre con el resto del régimen de biocombustibles, los valores rigen hasta la publicación de una nueva actualización, lo que mantiene al sector atento a la evolución de los costos, la macroeconomía y las decisiones regulatorias del Gobierno.

En ese contexto, tanto la industria como las provincias productoras seguirán de cerca la frecuencia y el criterio de las próximas revisiones, en un escenario en el que los biocombustibles continúan siendo una pieza clave de la política energética y agroindustrial argentina.