Con el rechazo de los opositores de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, el oficialismo junto con aliados se alzó con el dictamen de mayoría del proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil que llevará este jueves al recinto de la Cámara de Diputados en una sesión especial para lograr su media sanción.

El despacho se logró en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda de Diputados, en medio de un debate que, por momentos, tuvo picos de tensión. El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo “C” desde las 10.30 cuando la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aclaró que “son más de 20 proyectos que han sido incorporados en el temario y tienen estado parlamentario y versan sobre la temática”.

El dictamen de mayoría reunió 78 firmas entre los bloques LLA, Pro, UCR, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID, Provincias Unidas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el libertario Manuel Quintar (Jujuy) recordó que en el período anterior se realizó un “arduo trabajo” que hicieron las diferentes comisiones donde “se invitó una enorme cantidad de expositores representantes de todos los organismos que tienen incumbencia en esta temática tan importante”, y remarcó que incluso se escuchó a referentes de la Iglesia: “Se escucharon a todas las personas que tiene que ver con la materia”.

“Es un tema que se trabajó muchísimo y estamos en condiciones con el respeto y escuchando a los nuevos diputados, para avanzar rápidamente en el dictamen porque es un tema que, más allá de las mezquindades políticas del kirchnerismo que quiere hacer ahora un show con gritos y a parlotear, es un tema que la sociedad está reclamando para avanzar”, cerró el jujeño y pidió avanzar en un dictamen consensuado.

A continuación, fue el turno de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP) quien planteó que durante el tratamiento del tema “hubo 24 de 31 expositores de altísima relevancia materia jurídica, penal, defensores, se han negado rotundamente al proyecto que elevó el Ejecutivo. No porque la Argentina no necesite un nuevo Régimen Juvenil Penal que pide a gritos la sociedad, la justicia, los niños y adolescentes que sin un buen Régimen Juvenil Penal se los trata por delincuentes, pero con esta frase tan marketinera de Patricia Bullrich de que ‘igual delito, igual pena’ olvidándose de uno de los principios constitucionales que es el derecho superior del niño”.

La diputada bonaerense cuestionó que el proyecto “durmió desde mayo del año pasado hasta ahora que reflejaba un pésimo proyecto lo vuelven a ratificar. ¿Cuál es la seriedad que le quieren dar después de 45 años que le debemos al pueblo argentino un Régimen Juvenil Penal serio acorde a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños?”.

“No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental. En 24 horas pusieron sobre este Parlamento el mensaje 6/2026 donde decía que la pena era de 13 años, que era de aplicación inmediata, cambiaron el artículo presupuestario con 23 mil millones de pesos como si eso fuese la solución. Los Centros Especializados Socioeducativos no son más que cárceles para niños”, reclamó.

Tolosa Paz aclaró que “quieren dar respuesta a los casos gravísimos que han ocurrido como el caso de Kim Gómez. Hay que buscar respuestas desde la política con la convicción de que en 45 años de no haber podido mejorar un régimen que es vetusto, inconstitucional y atrasa 100 años, no puede ser reemplazado que va a la derecha de lo que fue el proceso de la dictadura militar. Me niego a que no tengamos un dictamen propio como este bloque que tiene basado en normas constitucionales y fijando los principios básicos que nos queremos hacer cargo de la no punibilidad, de lo que ustedes no van a resolver porque tiene una fijación de pena y castigo sin importar las condiciones ni edad”.

La diputada de UP sostuvo que los delitos de menores “los comenten un 99,9% los adultos que tienen que estar presos y ser culpables. Niños y adolescentes incluso cometiendo hechos gravísimos y angustiantes siguen siendo para nosotros niños a los que tenemos que darles un Régimen especializado, con proporcionalidad de la pena y dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción, pero no con este mamarracho legislativo del Ejecutivo”.

De la vereda de enfrente, la libertaria Silvana Giudici aclaró que el dictamen atiende a dos cuestiones centrales y está ampliado con el artículo 51 con la asignación presupuestaria para “empezar a desplegar el régimen, pero en un año no estará completado porque se necesitan establecimientos, profesionales multidisciplinarios para atender las problemáticas de los niños que cometen delitos en todo el país”.

Giudici remarcó que “nadie habla de castigos reparatorios ni castigos, ni de negar derechos. Este proyecto adecua los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”. Así, apuntó contra la bancada opositora: “Les gusta acusar sobre la edad. Escuché barbaridades, pero hay 15 proyectos en esta Cámara que van en el sentido de este dictamen y la mayoría propone la baja de edad de imputabilidad”.

La libertaria planteó que países como Chile y Colombia tienen la edad de imputabilidad en 14 años, Brasil en 12 años y Uruguay en 13 años “son sistema que ya funcionan hace años. La criminalidad en esos países podemos comprobar que bajó muchísimo la reincidencia. En Chile bajó en un 28% son datos reales”, y comparó: “Cada provincia argentina lleva a cabo su propio relevamiento como Córdoba que señala que el 55% de adolescentes asociados a procesos penales son menores de 16 años”.

“Buscamos justicia, buscamos el fin de la impunidad, pero también a las familias de víctimas y a las familias de homicidas lo que se busca es salvaguardar las garantías de todos, sacarlos de las calles de las garras del narcotráfico y poder darles un futuro mejor a cada niño y adolescentes. Por eso pido que pasen a la firma el dictamen que tenemos consensuado”, concluyó su alocución.

Por el lado del Frente de Izquierda, se expresó la diputada Myriam Bregman quien criticó el tratamiento del tema en extraordinarias y pidió que se explique el lema “delito de adulto, pena de adulto”, y planteó: “¿De dónde sala esta barbaridad? Tan marketinero y falso”. “La discusión de la edad de punibilidad tiene que ver con que hay un sujeto en desarrollo, pero ustedes llevan esa lógica nefasta libertaria hasta el extremo quieren poner todas las responsabilidades de forma individual para ocultar las desigualdades reales”.

Bregman contradijo a Giudici: “Los datos que leyó no hay nadie que los sostenga, porque en todos los países donde se redujo la edad, las consecuencias fueron al revés. La incidencia de niños y adolescentes en el delito es absolutamente menor. No hay una ola delictiva juvenil, lo que hay es una necesidad de un régimen cada vez más decadente, un Gobierno que necesita aumentar el poder punitivo del Estado”, y denunció que “los únicos que van a llenar cárceles o institutos van a ser los hijos de la clase trabajadora, porque a los hijos del poder no se los toca. No asociemos todo el tiempo la condición de pobreza con el delito”. El FIT presentó un dictamen de rechazo y repudio.

En su debut, el diputado Juan Carlos Molina (UP) calificó el proyecto de “caranchero, oportunista”, y acusó al oficialismo de usar el caso de Jeremías Monzón para “hacernos subir a una discusión que merece una seria profundización. Los pibes también tienen que tener, por más delito que hayan cometido, algún derecho”, pidió pensar qué pasa en la sociedad para estar debatiendo este proyecto.

En tanto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) anunció la presentación de un proyecto propio que “sostiene y mantiene una posición histórica que otros diputados de otros tiempos construyeron. En el 2015 Sergio Massa, Graciela Camaño y otros legisladores, presentaron un Código Penal de más de 300 artículos. El artículo 13 establecía que el ingreso a la punibilidad por la comisión de un delito era de 14 años. Además, fue abastecido por un Régimen Penal Juvenil que establece todas las acciones posibles en manos de un juez que tiene que atender esa problemática”.

Gutiérrez remarcó que el proyecto de ley en el artículo 18 habla del “hecho del proceso” y explicó que “es el momento fatídico donde un victimario encuentra una víctima, la lastima o la mata. Es ese momento irreparable que da intervención a la ley máxima”. Así, indicó que la iniciativa del Ejecutivo “tiene un déficit estructural y es inconstitucional” porque “no se puede establecer en el Régimen Penal la edad de responsabilidad en una ley periférica”, por lo que pidió al oficialismo que retire el proyecto para “darnos el tiempo de trabajarlo y tener una ley que garantice los derechos de quienes comenten delito”.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, destacó estar “dando un paso importante” y comentó que desde el año 83 hasta el día de hoy se presentaron más de 90 proyectos en el mismo sentido. “Seguramente nos encontramos que ideológicamente desde la práctica pensamos distinto porque escuchar que pasa algo en una provincia cuando la gobernaron 40 años y le echan la culpa a otro, es imposible de comprender que las razones que tiene el delito que son muchísimos, es mucha responsabilidad del Estado, pero si hay una persona a qué edad toma conciencia de lo que está haciendo es un delito, pero igual lo hace”, planteó.

“Tenemos que entender que a los 14 años cualquier chico tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo. Lógicamente creemos que entre 14 años y la edad actual, hay que buscar un régimen que trata de salvarlos, no profundizarlo”, aseguró y cerró: “Esto es necesario y una cuestión pendiente que tiene la democracia desde el 83 hasta ahora”.

En el mismo sentido, el diputado Diógenes González (UCR) respaldó la norma, al considerar que “es la herramienta adecuada para este momento”. “Hay que crear esa zona de protección entre los 14 y los 18 años, con estándares internacionales y mirando los ejemplos de otros países”, sostuvo.

Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Farías aseguró que “estamos convencidos que hay que resolver esta situación y legislar", aunque planteó algunas “disidencias con el dictamen de mayoría”. Fuente: Parlamentario