La pobreza estructural y el flagelo de las adicciones emergen como los factores determinantes que la justicia penal no logra resolver con más encierro. Según Sánchez, la mayoría de los menores involucrados en delitos provienen de entornos donde el Estado ha fallado previamente en brindar salud y educación. Propone que, antes de endurecer las leyes, la sociedad debe responsabilizarse por la falta de redes de contención que dejen a los adolescentes a merced de las bandas delictivas.
Bajar la edad de imputabilidad es visto como una respuesta simplista ante un problema que el arzobispo define como "multifacético". La criminalización temprana no hace más que profundizar el estigma y la exclusión de quienes ya viven en la periferia del sistema. En lugar de celdas, el religioso reclama recrear los vínculos comunitarios y fortalecer los espacios de deporte y espiritualidad que han desaparecido de los barrios más vulnerables de la provincia.
La entrevista destaca que la verdadera prevención nace de la capacitación docente y el abordaje territorial, no de la persecución judicial de menores. Sánchez enfatiza que el Ministerio de Educación y las instituciones religiosas deben trabajar en conjunto para detectar el riesgo antes de que se convierta en delito. Si un joven no tiene garantizado el pan diario ni un horizonte laboral, cualquier reforma penal será insuficiente para frenar la inseguridad reinante hoy.
El enfoque punitivista es cuestionado frente a la necesidad de generar esperanza y reinserción para quienes ya han sido golpeados por la vida. El arzobispo menciona la importancia de alianzas con empresarios y movimientos sociales para crear puestos de trabajo genuinos para los sectores postergados. Sin estas herramientas de inclusión, la baja de la edad de imputabilidad se convierte en un parche que solo busca ocultar el fracaso de las políticas sociales y económicas vigentes.
Finalmente, el Padre Sánchez hace un llamado a los medios y a la ciudadanía para no ser meros espectadores del dolor, sino constructores de paz. La seguridad real se construye recuperando los espacios públicos como lugares de encuentro y no de miedo o vigilancia extrema. El desafío no es encontrar cómo encerrar a niños más jóvenes, sino cómo transformar una realidad herida para que ningún niño tucumano vea en el delito su única alternativa de supervivencia.
El Padre Carlos Sánchez advirtió que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad suele ignorar las raíces profundas del conflicto social. Para el arzobispo tucumano, centrar el debate únicamente en el castigo penal es atender el efecto y no la causa de la violencia. La marginalidad extrema, la falta de oportunidades reales y la ausencia de un proyecto de vida digno son los verdaderos motores que empujan a los jóvenes hacia la criminalidad en nuestros barrios.
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