El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una parálisis total e inédita con un cese de actividades de cuarenta y ocho horas en las instituciones de toda la provincia. Gustavo Alejandro Anastasio, referente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Tucumán, explicó que esta medida extrema responde a un deterioro insostenible. "Las instituciones estamos al borde del colapso, ya navegando en aguas turbulentas", advirtió el directivo, subrayando que es la primera vez a nivel nacional que se decide un cierre institucional total.
La decisión de paralizar los servicios terapéuticos y de transporte se tomó tras agotar absolutamente todas las vías de diálogo formal durante los últimos años. Según Anastasio, la crisis actual se agravó por decisiones políticas recientes que demuestran una preocupante falta de idoneidad en las áreas competentes. El referente no dudó en calificar las maniobras de gestiones recientes y actuales como una "mezcla de ignorancia y corrupción" que ha llevado al sistema al extremo, afectando directamente los derechos fundamentales de una población inmensamente vulnerable.
El principal detonante económico de este paro histórico es la drástica interrupción de la cadena de pagos por parte de los principales financiadores del sistema. Las instituciones denuncian que entidades vitales mantienen deudas millonarias, llevando a los prestadores a una situación de asfixia financiera sin precedentes, ya que tampoco acceden a créditos bancarios. "Llegamos al extremo que han cortado la cadena de pago; hay instituciones que todavía no han cobrado el mes de noviembre y la mayoría no han cobrado el mes de diciembre", detalló el referente tucumano.
Otro factor crítico es el traspaso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la órbita del Ministerio de Salud, medida fuertemente repudiada por el sector. Anastasio señaló que esto representa un retroceso antropológico enorme frente a la Convención Internacional, ya que reduce una realidad transdisciplinaria a un mero problema médico. "Está hablando de una mirada, está volviendo a poner a la persona con discapacidad en el lugar de alguien que tiene una enfermedad y no de alguien que necesita desarrollarse como cualquier otro", sentenció el especialista.
Detrás de estas demoras administrativas e institucionales, los prestadores perciben una clara intencionalidad de ajuste fiscal que castiga despiadadamente a los sectores más postergados. El entrevistado reveló que durante el ejercicio anterior se subejecutaron partidas presupuestarias fundamentales, devolviendo fondos que debían destinarse a tratamientos. "Hay algo de parte del gobierno que incluso excede lo político y lo económico, que lleva a ensañarse con un sector de la sociedad que es extremadamente sensible, vulnerable y con una cantidad de derechos que están siendo vulnerados", denunció el profesional.
El escenario a corto plazo resulta sombrío si las autoridades nacionales no implementan soluciones urgentes para restablecer los recursos de manera inmediata y transparente. Mientras el servicio público resulta insuficiente para cubrir la altísima demanda en Tucumán, los privados asumen un riesgo operativo que hoy es imposible de sostener. La comunidad prestadora aguarda ahora resoluciones concretas del Consejo Federal de Discapacidad para destrabar los pagos adeudados. "Esperamos que el gobierno despierte realmente frente a esta situación que es completamente insostenible para todos nosotros", concluyó Anastasio.
El referente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas, Gustavo Alejandro Anastasio, advirtió que la interrupción de la cadena de pagos y el vaciamiento estatal empujaron al sector a una parálisis inédita en el país.
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