La tensión política y judicial en Tucumán sumó un nuevo capítulo este miércoles. El juez Pedro Cagna, titular de la Sala V del fuero Civil y Comercial, intimó formalmente a la diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA) para que elimine de sus redes sociales los posteos considerados agraviantes hacia el gobernador Osvaldo Jaldo.

La resolución establece un plazo perentorio de 48 horas. En caso de persistir el incumplimiento, la legisladora podría enfrentar cargos por desobediencia a una orden judicial y la aplicación de astreintes (multas económicas diarias) según lo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.

El origen del conflicto

La disputa se remonta al pasado 15 de marzo, cuando el magistrado dictó una medida autosatisfactiva tras una presentación de la abogada del gobernador, Paula Morales Soria. El pedido surgió a raíz de publicaciones donde Molinuevo:

Vinculaba a Jaldo con "prácticas mafiosas".

Responsabilizaba al mandatario por la seguridad de su familia y de los integrantes de su espacio político.

Estas declaraciones de la diputada se dieron tras la violenta agresión que sufrió su compañero de bloque, el diputado Federico Pelli, en la localidad de La Madrid.

La defensa de la diputada

Este nuevo fallo representa el tercer traspié judicial para Molinuevo en el expediente. La referente de La Libertad Avanza, patrocinada por el abogado José Ricardo Tomás Paz, sostiene una estrategia basada en dos ejes:

Competencia: Argumenta que la causa debería tramitarse en la Justicia Federal y no en el fuero ordinario.

Libertad de expresión: Denuncia que la orden judicial constituye un acto de censura y vulnera sus fueros y prerrogativas constitucionales como miembro del Congreso de la Nación.

Advertencia judicial

Pese a que el juez concedió el recurso de apelación, ratificó que la orden de eliminar los posteos sigue vigente. Ante la denuncia de la querella sobre la permanencia de las publicaciones en las plataformas digitales, el juez Cagna fue tajante:

 “Intímese a la parte demandada a dar cumplimiento con lo resuelto el 15 de marzo, haciéndole saber que se aplicará el apercibimiento por desobediencia y/o sanciones conminatorias por cada día de demora”.

Con este escenario, la diputada libertaria se encuentra en una encrucijada legal que deberá resolver antes del fin de la semana para evitar consecuencias penales y económicas adicionales.