La desregulación impulsada por el Gobierno Nacional ha generado una profunda preocupación en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) debido al cese de funciones de control clave. Martínez Pulido explicó que históricamente las empresas debían cumplir parámetros exigidos por ley, donde el instituto actuaba como el organismo de control fundamental. "Dejamos de hacer varios tipos de controles que son cuestiones de salud, vida útil de alimentos y conservación de bebidas", advirtió el profesional tucumano. Esta flexibilización administrativa, aunque presentada como un alivio burocrático para las empresas, traslada un riesgo directo a la comunidad y a la salud pública en general.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia recae en la metrología legal, específicamente en la medición de combustibles y balanzas comerciales que aseguran la transparencia en las transacciones. Hasta diciembre pasado, el INTI calibraba regularmente los surtidores para garantizar que el volumen despachado fuera exactamente el cobrado al consumidor final. "Antes, el sello del INTI te aseguraba que si cargaban veinte litros, realmente eran veinte; ahora ya no sabemos qué va a pasar", sentenció Martínez Pulido. Sin esta obligatoriedad, la precisión de los aparatos de medición queda a merced de la voluntad comercial, eliminando la garantía estatal que protegía el bolsillo del usuario.
En el sector alimenticio, se han dado de baja análisis sistematizados que detectaban contaminantes, aditivos, antioxidantes y edulcorantes en cadenas sensibles como carnes, lácteos y aceites. El especialista remarcó que estos estudios permitían ofrecer un perfil sensorial y de seguridad para que el consumidor supiera con total claridad qué estaba comprando. "Se están dando de baja servicios como estudios de vida útil y detección de contaminantes en productos procesados", detalló sobre el desfinanciamiento técnico. Esta situación debilita la madurez de la industria nacional y abre la puerta a competidores con una vara mucho más baja en términos de calidad y seguridad alimentaria.
La crisis institucional se agrava en el norte argentino por la falta de autoridades designadas para conducir las estrategias de vinculación tecnológica y el desarrollo de nuevos proyectos. En Tucumán y Salta, los cargos directivos han quedado vacantes tras retiros voluntarios y jubilaciones, dejando a los equipos técnicos "sin cabeza" para traccionar convenios. "No es lo mismo que vaya un director a generar un proyecto con empresas privadas que un soldado raso", explicó Martínez Pulido sobre el achatamiento operativo. La falta de respaldo institucional atenta contra el normal funcionamiento de un organismo que es reconocido mundialmente por su excelencia técnica y científica.
Finalmente, el profesional alertó sobre la fuga de talentos y el desaprovechamiento de recursos formados durante décadas por el Estado nacional en áreas de alta complejidad. Los expertos en ciencia y técnica, altamente valorados en el exterior, hoy ven reducidos sus márgenes de acción y sus honorarios frente a la inflación reinante. "La idea es reducir al INTI a su mínima expresión, lo cual poco tiene que ver con lo que pasa en otras partes del mundo", lamentó el entrevistado. La transformación de materias primas con valor agregado requiere de una industria fuerte y asistida técnicamente, algo que hoy parece estar en riesgo ante el actual avance de la desregulación.
Guillermo Martínez Pulido, integrante del Centro INTI Tucumán, manifestó su preocupación por la eliminación de normativas que garantizaban la calidad y seguridad de productos de consumo masivo. La medida impacta directamente en la calibración de surtidores de nafta y en los análisis de vida útil de alimentos procesados. Advierten que la falta de directores en la región NOA paraliza la articulación estratégica con el sector privado.
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