La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, llevó adelante su primera reunión informativa con la participación —de manera presencial y virtual— de representantes de comunidades terapéuticas, federaciones y organizaciones sociales y de culto, instituciones especializadas y del Poder Judicial de todo el país.

El encuentro tuvo como eje avanzar en un diagnóstico integral sobre la situación actual de los consumos problemáticos en la Argentina y analizar el estado de las políticas públicas en un contexto de fuerte ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. En ese marco, la presidenta de la comisión planteó como prioridades de trabajo para el año “el debate por un presupuesto adecuado, el impulso de una ley especial para las niñeces con consumos problemáticos, el desarrollo de campañas de prevención y la construcción de estrategias específicas para el abordaje del consumo en mujeres con hijos, con una mirada integral y con enfoque de derechos”.

En un encuentro que se prolongó casi cuatro horas, Tolosa Paz sostuvo que “no hay política seria en materia de adicciones sin inversión pública, sin articulación con las organizaciones y sin una mirada integral que cuide a nuestra gente”, y cuestionó el desfinanciamiento de programas clave.

Asimismo, remarcó que “no podemos seguir discutiendo políticas en abstracto mientras la realidad en los barrios se agrava. Necesitamos respuestas concretas, con presupuesto para el Sedronar y con una mirada que entienda que no todos los consumos ni todas las trayectorias son iguales”.

Vale destacar que la comisión cuenta actualmente con 26 proyectos en tratamiento correspondientes a los períodos 2025 y 2026, de los cuales 11 tienen a la comisión como cabecera. Se trata de una agenda transversal que articula salud, educación, seguridad, justicia y desarrollo social.

Entre los principales ejes se destacan la prevención de nuevas formas de adicción —como el juego online y el uso problemático de tecnologías—, el fortalecimiento del sistema de salud con estrategias de abordaje integral y reducción de daños, y la revisión de marcos normativos vinculados al narcotráfico, la regulación y el control.

Asimismo, se retomaron avances logrados en el período anterior, particularmente en proyectos vinculados a la ludopatía, que ya cuentan con media sanción.

Los expositores

Javier Silverman, de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el tratamiento de Abuso de Drogas, abrió el juego hablando de la necesidad de lograr un “fortalecimiento” del sector. Se refirió a los “cortes de las cadenas de pagos, situaciones muy complejas… Vamos tapando con pequeños escarbadientes –ejemplificó–; sosteniendo instituciones, desde un tiempo a esta parte el sistema se ha ido destruyendo”.

“A veces, con la idea de abrir espacios nuevos hemos dejado de fortalecer lugares que funcionaban”, advirtió, señalando que “si no encontramos previsibilidad, es imposible sostener”. Habló también de las nuevas drogas que circulan, del alcohol como un problema grave, y de la ludopatía y adicciones a las tecnologías. “Nos encontramos con que hay un faltante enorme. Es un problema estructural que requiere que nos pongamos a trabajar”, señaló.

Silverman aclaró que “con esta Sedronar tenemos una buena relación; con la Sedronar que se fue también, pero no alcanza con eso”, aclaró.

“La gestión anterior hizo un montón de acciones, pero estamos siempre atrás: si no hay trabajo de prevención primaria, no hay trabajo desde el Ministerio de Educación, notamos que son acciones muy pobres”, amplió. Y luego de aclarar varias veces que no criticaba a la gestión actual, advirtió que “no pagan”. Eso sí, celebró que en el día de la fecha se había acreditado un pago del Sedronar. E insistió en que “no es una cuestión de esta gestión: desde el 94, que fue la última campaña, no se hizo nada” en materia de prevención.

Precisamente de la prevención habló el siguiente invitado, que aclaró que también es valiosa “la persecución de este delito”. Se trataba de José Ignacio Gerez, fiscal general de Neuquén, quien arrancó diciendo que “la droga es el gran problema que atraviesan hoy desde el punto de vista social los argentinos”.

Resaltó que en su provincia desfederalizaron el tema del narcotráfico, y en ese marco Neuquén se hizo cargo de combatir el microtráfico de droga. Así fue que se elaboró una ley que lleva más de un año de vigencia con excelentes resultados. “El microtráfico es el último eslabón de la cadena es el más dañino, porque es el que se inserta en el tejido social para dañarlo”, remarcó.

José Ignacio Gerez, fiscal general de Neuquén, quien concurrió invitado por la vicepresidenta primera de la comisión, Karina Maureira. (Fotos HCDN)

 

El fiscal aclaró que en Neuquén excluyeron la persecución penal al consumidor, al que dijo que hay que ayudar. “Lo hemos dejado afuera y nos interesa hacer una persecución penal selectiva. Eso

En Neuquén hemos excluido de la persecución penal al consumidor, al que hay que ayudarlo, lo hemos dejado afuera y nos interesa hacer una persecución penal selectiva. Eso nos permite atacar el crimen organizado”, apuntó el funcionario judicial.

A continuación, Adrián Abel Becerra, de Vientos de Libertad, señaló que cuando hay crisis económica, “el narcotráfico empieza a avanzar sobre el barrio, que lo empieza a sufrir y crecen exponencialmente las problemáticas de consumo”. En la crisis actual, continuó, “está pasando lo mismo”, aclarando que más que económica, esta es “una crisis humanitaria”.

Señaló que se naturalizó ver gente afectada por el consumo en la calle y llamó a “buscar la manera de cuidar los dispositivos existentes que dan respuestas que ni siquiera los servicios de atención pública pueden dar, por falta de recursos”.

En tanto, David De Piero, secretario de Salud Mental y Problemáticas del Consumo de Tierra del Fuego, explicó que “el uso de sustancias comienza cada vez a menor edad”, y al respecto detalló: “Un 20% del total de las consultas sobre salud mental, son por personas que buscan información sobre problemáticas de consumo, siendo el alcohol la principal sustancia”.

Pablo Vidal, representante de Familia Grande Hogar de Cristo, se refirió a los barrios populares, advirtiendo que “cualquiera que entienda de fondo el tema del narcotráfico sabe que si uno no urbaniza esos barrios y genera oportunidades” le deja lugar al narco. Puso como ejemplo la labor de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, en Rosario, con el Plan Bandera. “Uno de los barrios que era muy complicado lo financiaron con parte del FISU, porque tenía que ver con oportunidades para que entrara la ambulancia, para que no se quemaran las casas, temas de inseguridad”, dijo, para advertir luego sobre la pérdida de ciertos roles de autoridad. “En el mismo barrio pasan cosas que no pasaban –dijo–. Antes, cuando uno caminaba por el barrio, los chios tenían respeto y en ese momento dejaban de consumir, el transa dejaba de vender droga por un rato, porque había respeto por la institución y la autoridad. No p asa ya… Ahora, cuando salíamos a repartir comida, nos golpeaban el carro con las pistolas”.

En ese marco, invitó a los diputados a visitar los barrios populares, lo cual recibió la anuencia de Tolosa Paz, que reveló que tenían la intención de hacerlo, para “visibilizar la situación en esos barrios que están esperando la integración socio urbana”.

Claudio Grecco, especialista en adicciones, señaló que “es necesario ajustar los dispositivos terapéuticos porque el lóbulo frontal de los chicos que consumen está lastimado”. Y añadió: “No se puede desarrollar una Ley de salud mental, si no se entiende la evidencia científica de las adicciones”.

Además, expusieron Roberto Padilla, secretario de Estado de Prevención de Adicciones de la provincia de Misiones; Verónica Domínguez, directora de Atención Integral en Consumos Problemáticos de Neuquén; y referentes sociales y comunitarios como Miguel Velo (Opción de los Pobres), Betina Zubeldia (Madres Territoriales) y Alexia Díaz Guzmán (Casa Pueblo – Movimiento Evita), quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en una nueva Ley de Salud Mental, fortalecer las políticas públicas con enfoque territorial y perspectiva de derechos —especialmente en niños, niñas y adolescentes—, y consolidar la articulación entre el Estado, la escuela y las organizaciones comunitarias.