La reforma de la Ley 26.639 ha despertado un fuerte rechazo en las organizaciones ambientales de todo el país debido a lo que consideran un retroceso institucional grave. Guadalupe Carrizo, referente del grupo Pro-Eco, explicó que los cambios introducidos no buscan perfeccionar la norma, sino anular su capacidad operativa y técnica. "Esta reforma no mejora la ley, sino que la vacía; ya había parámetros federales para declarar zonas protegidas", señaló la activista tucumana con preocupación. La eliminación de criterios unificados pone en riesgo el hielo acumulado durante miles de años que alimenta los ríos en épocas de escasez. Sin un control centralizado, la protección del agua queda sujeta a la voluntad política de cada administración provincial.
Uno de los puntos más críticos de la nueva normativa es la transferencia de facultades a los gobernadores para decidir qué áreas cumplen una función hídrica relevante. Esta discrecionalidad genera situaciones paradójicas en zonas compartidas, como ocurre con los Nevados del Aconquija entre las provincias de Tucumán y la vecina Catamarca. "La naturaleza no tiene líneas políticas; una empresa puede dañar un glaciar que perjudica el agua de dos provincias", advirtió Carrizo sobre los riesgos territoriales. La falta de una mirada ecosistémica integral ignora que estos ambientes son fundamentales no solo para el consumo humano, sino para la vida planetaria. El agua, un bien insustituible, se convierte así en una variable de ajuste económico.
La excusa de la transición energética y la necesidad de extraer minerales críticos como el litio o el cobre es vista por los ecologistas como una trampa argumental. Carrizo cuestiona quiénes son los verdaderos beneficiarios de este modelo extractivo que sacrifica las fuentes de agua dulce en zonas de extrema fragilidad. "¿Para qué, para quién y para cuánto litio se saca de nuestras cordilleras?", se preguntó la integrante de la Red Federal de Acción Colectiva. Mientras se promociona la calidad de vida en países desarrollados, las poblaciones locales de la puna enfrentan el agotamiento de sus recursos vitales. La megaminería utiliza cantidades de agua absolutamente desproporcionadas en comparación con la agricultura o la ganadería familiar.
La experiencia histórica en provincias con larga tradición minera, como Catamarca, sirve de espejo para desmitificar las promesas de derrame económico y prosperidad regional. Carrizo recordó que, pese a décadas de actividad minera, los índices de pobreza en esas regiones siguen siendo de los más altos de la Argentina. "Catamarca lleva treinta años de minería y sigue estando entre las provincias más pobres del país", sentenció la referente para desmontar el discurso oficial. La ecuación económica no cierra para los pueblos, ya que el porcentaje de riqueza que queda en el territorio es ínfimo frente al daño ambiental. La inversión extranjera no compensa la pérdida de soberanía sobre los bienes naturales estratégicos.
Ante este escenario, la Campaña Nacional en Defensa de los Glaciares se encuentra en estado de alerta permanente, coordinando acciones jurídicas y pedagógicas en todo el territorio. La batalla legal y social busca evitar que otras normas, como las leyes de bosques y tierras, corran la misma suerte de desprotección y entrega. "Es imprescindible sostener este tema y presentar las batallas necesarias desde la organización colectiva", concluyó Carrizo instando a la sociedad a involucrarse. El riesgo de una bancarrota hídrica es impostergable y requiere un cambio profundo en los modelos de consumo y producción actuales. La soberanía del país depende, hoy más que nunca, de la capacidad de proteger el agua de sus montañas.
Guadalupe Carrizo, integrante del grupo ecologista Pro-Eco y la Red Federal de Acción Colectiva, denunció que las recientes modificaciones legales dejan a las reservas de agua dulce a merced de decisiones discrecionales. La referente advirtió sobre el riesgo inminente para las cuencas que alimentan a poblaciones enteras y la falta de licencia social para la megaminería. En un contexto de emergencia hídrica global, los activistas llaman a la movilización social para evitar la pérdida irreversible de los ecosistemas periglaciales.
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