El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que invalida la anterior concesión del estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán ha abierto un debate profundo sobre la administración del espacio público. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Merry Anastacio señaló que esta resolución confirma que la calle no debe ser un lucro privado, permitiendo discutir un sistema transparente que incluya a las trescientas familias que dependen hoy de esta actividad. La organización sostiene que el espacio urbano es un recurso estratégico que requiere una regulación estatal firme para evitar la concentración económica y garantizar que el beneficio regrese directamente a la comunidad local.
La propuesta técnica central presentada por la mesa de cooperativas consiste en la implementación de un sistema de cogestión entre el municipio y los trabajadores organizados bajo un modelo de economía social. "Lo que proponemos es un sistema mixto donde esté el municipio y las cooperativas para ordenar lo que hoy es un desorden por falta de regulación", explicó la referente durante la entrevista. Este esquema permitiría que los actuales cuidacoches se integren formalmente como fiscalizadores del estacionamiento, utilizando la experiencia exitosa de otras ciudades argentinas como Bariloche o Luján. De esta manera, el servicio dejaría de ser una actividad precarizada para transformarse en un eslabón clave del ordenamiento provincial.
En términos económicos, el MTE cuestiona la lógica de las licitaciones privadas que priorizan la fuga de dividendos por sobre la generación de empleo genuino para los habitantes de la capital tucumana. Anastacio fue contundente al comparar los modelos de gestión: "La empresa lo que busca es ganancia para ellos; nosotros estamos hablando de trabajo y de un recurso público donde el dinero queda en la ciudad". Según los registros de la organización, las anteriores experiencias de privatización resultaron en una distribución injusta donde las empresas se llevaban la mayor parte de la recaudación. El objetivo actual es que el estacionamiento genere ingresos equitativos para el municipio, las cooperativas y fines sociales.
El nuevo sistema propuesto integra herramientas tecnológicas modernas, como aplicaciones móviles de cobro transparente, que estarían directamente vinculadas con las fuerzas de seguridad para mejorar la prevención del delito. Este componente técnico busca desmitificar los prejuicios sobre la actividad y ofrecer un entorno más seguro tanto para los conductores como para los trabajadores de la vía pública. "Se trabaja con un sistema de aplicación donde estamos en contacto directamente con el Ministerio de Seguridad", detalló Anastacio al resaltar el valor agregado del modelo solidario. La formalización permitiría un monitoreo constante de las transacciones, eliminando la opacidad y garantizando que cada peso sea registrado debidamente.
Finalmente, la organización insiste en que el ordenamiento del tránsito no debe ejecutarse a costa de la exclusión de los sectores más vulnerables que ya realizan la tarea de cuidado en la periferia. El reclamo apunta a que el Concejo Deliberante trate una ordenanza que reconozca el valor de estas familias y promueva una ciudad que combine eficiencia administrativa con justicia social. "Queremos una ciudad ordenada, pero también una ciudad justa donde el trabajo no sea descartable", concluyó la dirigente del MTE con un llamado a la gestión política actual. La resolución del conflicto marcará un precedente sobre si el estacionamiento será un motor de inclusión o simplemente un nuevo negocio para capitales externos.
Merry Anastacio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), presentó un proyecto de gestión mixta entre el municipio y cooperativas tras la anulación de la concesión privada. La propuesta busca regularizar a más de trescientas familias de cuidacoches, transformándolas en fiscalizadores mediante un sistema transparente y tecnológico. Advierten que el espacio público debe dejar de ser un negocio de empresas externas para convertirse en una fuente de empleo genuino y seguridad para los tucumanos.
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