La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT denunció una grave ruptura institucional frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente. Anahí Rodríguez, secretaria general del gremio, señaló que el Gobierno Nacional ignora una normativa aprobada y ratificada por el Congreso hace ya varios meses. "El gobierno está violando el estado de derecho", afirmó la dirigente ante la constante negativa del Ejecutivo de aplicar los fondos previstos por la legislación nacional. Esta situación de parálisis administrativa representa un desafío sin precedentes para el normal funcionamiento de todas las casas de altos estudios del territorio.
El conflicto legal escaló luego de que la justicia federal fallara en dos oportunidades consecutivas a favor de la recomposición salarial solicitada por los gremios. A pesar de los dictámenes judiciales que exigen actualizar los haberes desde diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo mantiene frenada la aplicación de los fondos necesarios. Rodríguez explicó que este incumplimiento persiste mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores, provocando la crisis salarial más profunda registrada. El gremio considera que la apelación constante de estos fallos judiciales es una maniobra puramente dilatoria orientada a desfinanciar por completo el sistema educativo.
La desesperación económica de los profesionales de la educación se ha vuelto insostenible, forzando a muchos docentes a abandonar sus cargos para poder subsistir. Con salarios que no cubren las necesidades básicas, la docencia universitaria atraviesa un proceso de desmantelamiento por el desgaste económico de sus integrantes principales. "No podemos seguir con salarios de pobreza", sentenció la secretaria general de ADIUNT al describir la cruda realidad de miles de familias de trabajadores universitarios. Detrás de cada cátedra existe hoy una lucha cotidiana por llegar a fin de mes, lo cual afecta gravemente la calidad educativa de los futuros profesionales.
El ataque al sistema educativo no se limita únicamente a los salarios, sino que abarca un recorte drástico en la infraestructura y los programas de asistencia. Las becas destinadas a los alumnos sufrieron una reducción del setenta por ciento, dejando montos simbólicos que no alcanzan para cubrir el transporte o los apuntes. La dirigencia gremial advierte que este ahogo presupuestario busca forzar un arancelamiento encubierto mediante la implementación de bonos contribución o cuotas en las facultades. Para ADIUNT, se trata de una política deliberada orientada a la privatización definitiva de la universidad pública, gratuita y laica en toda la República Argentina.
Ante la falta de respuestas oficiales, el sindicato anunció el endurecimiento de las medidas de fuerza con paros totales de una semana y huelgas indefinidas. El plan de lucha contempla diversas actividades de visibilización, clases públicas y una gran marcha federal para sumar el apoyo de la sociedad civil organizada. La próxima semana de paro total está prevista desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo, incluyendo una instancia nacional de deliberación gremial histórica. "Estamos defendiendo el sistema de educación pública", concluyó la secretaria Anahí Rodríguez, reafirmando que la docencia no retrocederá frente al ajuste.
La secretaria general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT, Anahí Rodríguez, denunció que el Poder Ejecutivo ignora deliberadamente dos fallos judiciales que exigen la recomposición salarial. Alertan que la negativa a aplicar la ley sancionada por el Congreso sumerge a la docencia en la crisis económica más profunda de su historia. El gremio endurece las medidas de fuerza con paros de una semana y no descarta una huelga por tiempo indefinido ante lo que consideran un ataque sistémico a la educación pública.
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