La situación de los trabajadores de aplicaciones en Tucumán ha llegado a un punto crítico debido a la combinación de la crisis económica y la falta de regulación laboral. Hugo Santucho, referente de ASiMM, advirtió que el aumento del desempleo en otros sectores ha empujado a cientos de ciudadanos a buscar refugio en el delivery. Esta sobreoferta de repartidores, sumada a la caída estrepitosa del consumo interno, genera un escenario de subsistencia donde los ingresos apenas alcanzan para cubrir gastos. Actualmente, se estima que más de mil trabajadores surcan las calles tucumanas bajo una modalidad que el gremio denuncia como una precarización encubierta.
La realidad diaria de quienes operan mediante plataformas digitales se traduce en jornadas extenuantes que superan las doce o catorce horas para obtener un ingreso mínimo. Según el dirigente sindical, el estancamiento del rubro gastronómico ha provocado que la demanda de pedidos disminuya notablemente en comparación con los años de la pandemia. "Las aplicaciones te hacen trabajar más horas y por otro lado estás ganando menos", explicó Santucho al detallar el cuello de botella que asfixia a los trabajadores. La falta de un salario garantizado obliga a los repartidores a mantenerse conectados permanentemente, exponiéndose a los riesgos de la calle sin protección.
El gremio busca desterrar definitivamente la narrativa empresarial que presenta a los repartidores como prestadores independientes sin vínculos de subordinación con las multinacionales del sector. Para ASiMM, esta figura es una maniobra administrativa para evadir el pago de cargas sociales, vacaciones, aguinaldo y el acceso a una cobertura de salud básica. "No son microempresarios, es precarización; con este fallo se comienza a terminar el mito de que son su propio jefe", sentenció Santucho con firmeza gremial. El sindicato insiste en que la relación de dependencia es innegable, ya que la empresa controla los turnos y sanciona mediante algoritmos.
El reciente fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires se presenta como un precedente histórico que podría replicarse pronto en los tribunales de la provincia de Tucumán. La justicia ha determinado que estas empresas deben poner en blanco a su personal, reconociendo todos los derechos establecidos por la Constitución Nacional y los convenios colectivos. Santucho remarcó que es imperativo que la Secretaría de Trabajo local realice las inspecciones correspondientes para verificar las condiciones de contratación en el territorio provincial. El objetivo es que los trabajadores accedan a una boleta de sueldo que les brinde seguridad jurídica y previsibilidad económica.
El plan de acción del gremio incluye la presentación de proyectos en la Legislatura y el inicio de demandas legales individuales para reclamar los aportes no realizados durante años. Los trabajadores esperan que el reconocimiento de la dependencia laboral permita dignificar una tarea que fue esencial durante la crisis sanitaria y que hoy padece el olvido estatal. "Buscamos llevar dignidad a una actividad que ha sido precarizada por años bajo el disfraz de la tecnología moderna", concluyó el referente de los motociclistas. La lucha se encamina ahora hacia la transparencia del algoritmo para garantizar una distribución justa de los viajes y las sanciones.
El gremio de motociclistas y mensajeros de Tucumán busca replicar el precedente de la Corte de Buenos Aires para terminar con la informalidad en las aplicaciones de delivery. Advierten que la caída del consumo y el aumento de trabajadores que se vuelcan al sector por desempleo han generado un "cuello de botella" que pulveriza los ingresos. Actualmente, los repartidores enfrentan jornadas de hasta 14 horas para alcanzar salarios de subsistencia, mientras denuncian que las empresas eluden cargas sociales y seguros básicos. La justicia federal comienza a desarmar el discurso de la "independencia laboral" en un rubro que es sostén de miles de familias.
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