Los trabajadores de FATE, la única planta en Argentina capaz de fabricar neumáticos para camiones y colectivos, han decidido pasar a la ofensiva institucional mediante un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense. Esta iniciativa no solicita financiamiento estatal directo, sino que propone una intervención operativa sobre el directorio actual para reactivar la producción paralizada desde mediados de febrero. El objetivo central es evitar el desabastecimiento de un insumo crítico que garantiza el transporte de alimentos, medicamentos y la seguridad vial nacional. Los delegados sostienen que la planta es estratégica para la soberanía nacional frente a un contexto global que es cada vez más incierto.
El delegado Leo Albertoli explicó que la medida responde a un vacío de respuestas por parte de la patronal y la Secretaría de Trabajo de la Nación. El proyecto de ley busca que el Estado provincial designe una conducción transitoria hasta que se garantice un plan de continuidad operativa real por parte del sector privado. "Fate es la única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos de Argentina; no hay otra", advirtió el referente sindical al destacar la singularidad técnica de la infraestructura. La propuesta ya cuenta con el asesoramiento de profesionales constitucionalistas y parlamentarios, buscando ser un modelo de gestión para resguardar la industria local frente a crisis financieras.
La parálisis de la fábrica afecta de manera directa a novecientos veintitrés empleados, pero el impacto real se extiende a cuatro mil familias si se consideran los puestos indirectos y tercerizados. Entre camioneros, personal de limpieza y mantenimiento, la rueda económica que moviliza FATE es vital para el cordón industrial y la comunidad local de San Fernando. Albertoli señaló que el cierre no responde a una quiebra genuina, sino a una decisión comercial del directorio en medio de una disputa arancelaria con el Gobierno Nacional. La incertidumbre crece entre los operarios que, a pesar de contar con fallos judiciales a su favor, llevan meses sin percibir sus quincenas ni depósitos.
Desde el gremio denuncian que la empresa utiliza el "lockout" patronal como herramienta de extorsión para forzar a los trabajadores a aceptar retiros voluntarios por montos inferiores a lo que marca la ley. Frente a esta presión, los obreros permanecen en los alrededores del predio, cuidando las costosas maquinarias y manifestando su total disposición para reanudar las tareas de mantenimiento y producción. "Los que pusieron un candado en el portón fueron ellos", sentenció Albertoli al desmentir las acusaciones de toma de la planta. La defensa de la industria nacional se vuelve así una bandera de lucha que trasciende lo salarial para convertirse en una cuestión de seguridad.
El futuro de la producción de cubiertas en el país ahora depende de la voluntad política de las autoridades provinciales para tratar el proyecto de ley ingresado recientemente. El sindicato reclama una reunión urgente con el gobernador Axel Kicillof para que su gestión tome una postura activa en defensa de los puestos de trabajo amenazados por la desidia industrial. Mientras la apertura de importaciones de neumáticos chinos genera confusión sobre la calidad y seguridad en las rutas, FATE representa el estándar de homologación necesario para el transporte pesado. El conflicto en la planta es, en definitiva, una disputa por el modelo de país: si será un importador de saldos o un fuerte productor.
Ante la paralización de la planta y la falta de pago de haberes, los delegados presentaron una iniciativa legislativa para intervenir el directorio de la firma. Buscan resguardar cuatro mil puestos de trabajo y asegurar el abastecimiento de cubiertas para camiones y colectivos en todo el país. La propuesta surge como respuesta al "lockout" patronal que mantiene la fábrica cerrada desde febrero, a pesar de existir un embargo judicial de tres mil millones de pesos a favor de los operarios. Los trabajadores denuncian que la inactividad de la empresa pone en riesgo la seguridad vial nacional y la soberanía de un insumo considerado esencial para la logística y el transporte pesado.
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