José García lideró la jornada de protesta en la esquina de Mendoza y Muñecas, donde cientos de tucumanos se acercaron para estampar su firma contra el reciente aumento tarifario. El titular de FODECUS fue tajante al señalar que la empresa prestataria del servicio eléctrico no ha realizado las inversiones prometidas tras la audiencia pública. "Nos están tomando el pelo a muchísima gente que ya no tiene capacidad de pago", sentenció el dirigente ante la prensa local. Para García, el beneficio es exclusivo para la empresa EDET, mientras que el usuario promedio debe elegir entre comer o pagar la boleta. La campaña busca canalizar la indignación de una sociedad agotada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
La estrategia de la organización se centra ahora en elevar un nuevo planteo ante los tribunales, aunque García expresó sus dudas sobre la celeridad del sistema judicial en la provincia. Durante la entrevista, recordó que existen amparos presentados hace más de seis meses que todavía no han recibido un dictamen o resolución firme por parte de los magistrados. "Necesitamos que la justicia actúe en consecuencia y diga si ha leído o no los pedidos que nosotros hicimos", reclamó con firmeza. El referente de los consumidores instó al Defensor del Pueblo y a los legisladores a romper el silencio y acompañar activamente el reclamo. La falta de respuesta judicial es vista como una complicidad con los sectores que definen los aumentos.
Ante la falta de soluciones inmediatas, FODECUS ha convocado a una medida de acción directa que busca impactar en el consumo y visibilizar el descontento de todos los sectores sociales. Se trata de un apagón general de treinta minutos, programado para las 20:00 horas, al cual invitan a adherirse tanto a hogares como a comercios e industrias. "Es una señal de protesta necesaria porque nos están saqueando los bolsillos entre dos o tres personas", explicó García sobre el trasfondo de la convocatoria. Esta medida pretende demostrar que la capacidad de pago de los tucumanos ha llegado a un límite físico e infranqueable. La organización espera que la oscuridad simbólica de media hora sea suficiente para despertar la atención oficial.
El plan de lucha no se limitará a la capital, ya que FODECUS distribuirá las planillas de firmas vía PDF a dirigentes del interior para nacionalizar el reclamo en toda la jurisdicción provincial. García subrayó que la sensibilidad social está en un punto crítico, con familias que deben postergar la compra de medicamentos básicos para evitar el corte del suministro. "La gente está con mucha bronca y está esperando que algunos de nosotros hagamos la punta para defenderla", señaló el entrevistado. La meta de las diez mil firmas se perfila como el respaldo político y social necesario para presionar al ERSEPT. La masiva concurrencia a la peatonal confirma que el tarifazo eléctrico es la principal preocupación de la agenda pública.
Finalmente, el dirigente cuestionó la lógica con la que se autorizan los incrementos en comparación con otros sectores como el transporte público, señalando un trato preferencial hacia las empresas. Criticó que se destinen millones de pesos en subsidios y aumentos directos sin que el usuario perciba una mejora real en la calidad de la prestación. "Deciden por 600.000 tucumanos y no es la cosa así, el pueblo debe ser escuchado en las audiencias", concluyó García antes de continuar con la jornada. El éxito de la campaña dependerá de la persistencia de los vecinos y de la voluntad política para revisar un cuadro tarifario que consideran injusto. La lucha de FODECUS promete intensificarse si el organismo regulador no da marcha atrás.
La Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios, encabezado por José García, inició una masiva campaña de recolección de firmas en la peatonal tucumana para frenar el nuevo tarifazo eléctrico. García denunció que el incremento autorizado por el ERSEPT supera el 20%, acumulando dos subas en apenas cuatro meses. El dirigente vecinal calificó la medida como un "saqueo" que afecta principalmente a jubilados y desempleados que ya no cuentan con recursos para afrontar los servicios básicos.
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