Lejos de calmar las aguas, la funcionaria intentó justificar una polémica reforma en los programas de estudio, pero terminó abucheada por una multitud de alumnos y padres que la acusaron a los gritos de no informar correctamente y la trataron de "mentirosa".
El eje del conflicto radica en la pérdida de la orientación tradicional del colegio, especialmente en lo que respecta a la intensificación en lenguas extranjeras. Montaldo ensayó una defensa técnica explicando que la Nación viene haciendo una "excepción" con la institución desde 2014, otorgando la validez nacional de los títulos sin que los planes de estudio se hayan adecuado a las normativas federales. Según advirtió la ministra, si la escuela no modifica su currícula antes de 2027, los títulos emitidos perderán validez fuera de las fronteras de Tucumán, imposibilitando a los egresados continuar estudios en otras provincias o en el exterior.
La sospecha del ajuste detrás de la "adecuación"
La explicación oficial no convenció a la comunidad educativa, que ve en esta reestructuración un recorte encubierto de horas cátedra y contenidos esenciales. Ante la preocupación por la pérdida del perfil de "Lenguas Vivas" que caracteriza a la Normal, la ministra argumentó que los cambios no implican restar materias sino reorganizarlas, sugiriendo que las asignaturas perdidas podrían reemplazarse con "talleres optativos". Para graficar su propuesta, apeló a un insólito ejemplo sobre una escuela cercana al Mercofrut que implementó talleres de portugués porque los alumnos viajaban a Brasil, o de coreano por el gusto de los jóvenes por la música K-pop, una comparación que encendió aún más la indignación de los padres presentes.
La desconfianza de los estudiantes no es un capricho y responde a un pliego de condiciones que va mucho más allá de la validez del título. Los adolescentes vienen denunciando desde hace meses una crisis estructural profunda: aulas completamente sobrepobladas, la ausencia total de un gabinete psicopedagógico para contener a la matrícula y un deterioro edilicio que pone en riesgo las clases diarias. Para colmo, la jornada sumó un condimento de extrema tensión institucional cuando los padres detectaron que efectivos de la policía provincial estaban fotografiando a los menores de edad en plena protesta, lo que provocó fuertes reclamos por persecución y vigilancia ilegal dentro de un ámbito educativo.
Sin respuestas concretas y con el conflicto abierto
La funcionaria provincial endureció su discurso sobre el final de la accidentada asamblea, presionando con que solo quedan diez escuelas en toda la provincia sin adecuarse y que, de mantener la postura actual, los alumnos saldrán con un título de alcance estrictamente de cabotaje. Sin embargo, la comunidad educativa interpretó el discurso ministerial como una maniobra para infundir miedo y desviar el foco de las urgencias materiales que sufre el establecimiento. Tras los duros cruces verbales y sin haber anunciado una sola medida concreta ni partidas presupuestarias para arreglar el edificio, Montaldo se retiró custodiada del lugar.
