La Justicia imputó a cinco profesionales del hospital Centro de Salud por la muerte de un hombre de 57 años que falleció en febrero de 2025 luego de haber sido derivado de urgencia desde el Hospital Avellaneda. La investigación, que también incluye una causa paralela por presunto encubrimiento, podría convertirse en uno de los casos de mala praxis médica más relevantes de las últimas décadas en Tucumán.

Según la acusación judicial, Francisco Molina ingresó inicialmente al Hospital Avellaneda el 7 de febrero del año pasado con fuertes dolores abdominales. Allí le diagnosticaron una hernia supraumbilical y, de acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, se determinó que debía ser sometido a una cirugía.

Sin embargo, cuatro días después el cuadro clínico se agravó. Molina regresó al hospital con náuseas, sudoración y dolores intensos. Una tomografía confirmó que necesitaba una intervención quirúrgica de emergencia y, debido a la falta de quirófano disponible, fue derivado al Centro de Salud en ambulancia.

La causa sostiene que, pese a la gravedad del cuadro y a la indicación quirúrgica urgente emitida desde el Avellaneda, el paciente no fue intervenido. En cambio, habría recibido un tratamiento orientado únicamente a aliviar síntomas. Horas después, incluso, se le otorgó el alta médica.

Francisco Molina murió poco tiempo después

La investigación quedó en manos de la fiscalía de Homicidios, conducida por Pedro Gallo, tras la denuncia impulsada por la familia del docente junto al abogado querellante Juan Pablo Bello. Uno de los puntos centrales del expediente es la desaparición del formulario de derivación elaborado en el Hospital Avellaneda, documento donde constaba el cuadro clínico y la necesidad de una cirugía urgente.

Cuando la Justicia solicitó ese informe al Centro de Salud, desde el hospital respondieron que no contaban con el documento. Esa situación derivó en la apertura de una segunda causa por presunto encubrimiento.

Con el avance de la investigación, el Ministerio Público identificó a cinco profesionales que quedaron formalmente imputados por homicidio culposo por presunta mala praxis médica: Adrián Orlando Rojas, Agustina de Lourdes Suárez, Julieta Mena, Martín Isaías Brito y Jorge Gustavo Salomón.

El delito prevé penas de hasta cinco años de prisión

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que el expediente llamó la atención en ámbitos judiciales debido a que en Tucumán prácticamente no existen antecedentes recientes de juicios orales por mala praxis médica. El antecedente más cercano es el caso de Matías Juárez, el niño que murió en 2016 tras ingresar al sanatorio San Lucas para una cirugía de amígdalas.

La familia de Molina aseguró que el objetivo de la denuncia no es económico, sino judicial. “No queremos plata. Queremos que no vuelva a pasar”, expresó Andrés Molina, hijo de la víctima, al recordar que su padre estaba próximo a convertirse en abuelo por primera vez y que llevaba casi 40 años de matrimonio.

La causa continúa en etapa investigativa y ahora la Justicia deberá determinar si existieron responsabilidades penales en las decisiones médicas adoptadas durante las horas previas a la muerte del docente.