Según FODECUS, el esquema tarifario de la energía eléctrica en la provincia acumula un alza que desborda por completo las capacidades de pago de la ciudadanía en el actual contexto recesivo. El incremento escalonado de las boletas residenciales generó un rechazo inmediato por parte de los usuarios que denuncian una desprotección absoluta por parte de los organismos de control. "Desde enero hasta la fecha, en cinco meses, casi el cuarenta por ciento ha aumentado la luz; nos parece una aberración", especificó José García. La federación vecinal cuestiona la sucesión de autorizaciones mensuales otorgadas, ya que entiende que no consideraron el impacto en el bolsillo de las familias.
La presentación realizada ante el ERSEPT apunta de manera directa contra la legalidad del proceso de actualización de tarifas para los servicios de luz y de agua. Para la entidad de defensa del consumidor, la normativa vigente impide que las actualizaciones tarifarias de gran magnitud se resuelvan mediante plataformas documentales o digitales cerradas. "Si los aumentos superan el cinco por ciento, el ente tiene que llamar a asamblea pública; no puede hacerla virtual", argumentó el dirigente.
El desfasaje entre las autorizaciones de incrementos y la pauta de recomposición de los ingresos formales, sostiene García, agrava la vulnerabilidad de las franjas sociales más postergadas del territorio provincial. Las jubilaciones y las remuneraciones promedio de la economía local exhiben una pérdida sistemática frente a la velocidad que imprimen las prestatarias a sus cuadros de costos. "Los salarios que han aumentado todos estos meses no llegaron al diez por ciento en base al índice de precios", contrastó el titular de FODECUS. Esta brecha de ingresos genera que el pago de las boletas absorba proporciones insostenibles de los recursos mensuales.
La estrategia de la organización comunitaria contempla la continuidad de las medidas de fuerza en el espacio público si las autoridades regulatorias ratifican los incrementos. Desde FODECUS consideran abusivo el traslado automático de costos inflacionarios hacia las economías domésticas sin un proceso de mediación transparente. "Venimos a pedirle explicaciones a ver por qué autoriza tantos incrementos cuando en realidad la gente no puede pagar", sentenció García. La demanda central exige frenar la quita de beneficios estatales y restablecer mecanismos de control presenciales y soberanos.
La Federación de Organizaciones en Defensa de los Consumidores y Usuarios de Tucumán (FODECUS) encabezó este miércoles una protesta frente a la sede del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) con el objetivo de impugnar el incremento acumulado en el servicio de energía eléctrica. En este marco, su titular, José García, denunció irregularidades en la implementación de modalidades virtuales para las discusiones tarifarias y exigió la nulidad de los últimos aumentos autorizados y una urgente readecuación de los esquemas de subsidios vigentes.
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