Según denunciaron desde la fundación, la ausencia de insumos elementales interrumpe la continuidad de tratamientos esenciales de salud reproductiva y no reproductiva en los municipios. "Solicitar un aborto no es solicitar una limosna sanitaria, solicitar un preservativo no es mendigar, es acceder a un derecho", definió Florencia Sabaté. Esta deficiencia estructural, verificada por la institución en las comunas tucumanas, precariza de manera directa la calidad de vida ciudadana.
La articulación del desfinanciamiento estatal se manifiesta mediante políticas transversales que afectan áreas sensibles que exceden la salud ginecológica. Los recortes nacionales en planes oncológicos, tratamientos de VIH y discapacidad configuran un esquema de vulneración que profundiza las desigualdades socioeconómicas. El colectivo advirtió sobre el peligro de fragmentar las luchas sectoriales y llamó a comprender la transversalidad de los derechos afectados. "En eso me parece que hay mucho más que un país endeudado, hay un proyecto político de injusticia social", remarcó Soledad Deza.
El abordaje institucional de la violencia de género en sede jurisdiccional denota fallas graves en los mecanismos de seguimiento de casos. La reducción del presupuesto para prevención y el cierre de programas ejecutivos limitan la autonomía de las mujeres que radican denuncias. "El Estado tiene obligación de controlar esas medidas, tiene obligación de gestionar las desobediencias judiciales", enfatizó de forma taxativa Soledad Deza. La mera emisión electrónica de una restricción perimetral resulta estéril si carece de un monitoreo policial activo que garantice su cumplimiento. Este déficit operativo incrementa el peligro para las víctimas y exige una reforma profunda en los criterios de intervención de la justicia.
Referentes de la organización Mujeres x Mujeres presentaron un diagnóstico crítico sobre el estado actual del acceso a la salud pública en Tucumán. En este sentido, denunciaron la postergación de las políticas sanitarias y el vaciamiento de programas de prevención. Ante este escenario, convocaron a articular las demandas sociales y exigir la regularización de las prestaciones. La falta de control en las medidas de protección judicial agrava la exposición al peligro de las denunciantes.
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