Los exdecanos de la oposición, Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, presentaron un recurso de aclaratoria ante la Cámara Federal de Apelaciones. El objetivo de la medida es exigirle al tribunal que disipe la "zona de incertidumbre" y defina el alcance operativo exacto de la orden de "adecuación del cronograma electoral" dictada en su último fallo, advirtiendo que la falta de precisiones técnicas podría desatar una ola de nuevas impugnaciones y prolongar indefinidamente la acefalía institucional.

La embestida judicial, que cuenta con el patrocinio letrado de la abogada María Alejandra Silva, se concretó apenas días después de que la Cámara rechazara un pedido de nulidad de la oposición para retrotraer por completo el proceso. Sin embargo, dado que los camaristas dejaron en manos de la Junta Electoral y del Consejo Superior de la UNT la reconfiguración del calendario para la suspendida Asamblea Universitaria, la oposición sospecha que el oficialismo intentará aprovechar ese limbo normativo para flexibilizar las reglas del juego.

El eje del conflicto: ¿Se puede reabrir la lista de candidatos?

El nudo de la presentación radica en determinar si la UNT tiene la potestad de abrir nuevamente los plazos de inscripción para que ingresen terceras fuerzas a la contienda o si debe limitarse a reprogramar el debate con los binomios que se anotaron originalmente. Cabrera y Abdala argumentan que la resolución de la Cámara posee pasajes "ambiguos y oscuros", por lo que formularon preguntas taxativas al tribunal basándose en un pilar del derecho electoral: el principio de preclusión.

    Etapas sagradas e inmodificables: Los exdecanos sostienen que actos fundamentales como la acreditación de avales, la recepción de fórmulas presidenciales, la exhibición de listas y el período de tachas e impugnaciones ya se encuentran completamente precluidos (cerrados).

    Seguridad jurídica en juego: El escrito remarca que el principio de preclusión en materia electoral es de orden público. Permitir que los plazos vencidos se extiendan o reabran de forma discrecional atentaría contra la igualdad de condiciones de los competidores, la celeridad y la seguridad jurídica del sistema democrático universitario. Para blindar esta postura, la abogada Silva adjuntó abundante doctrina especializada y fallos concordantes de la Cámara Nacional Electoral.

Alertas por las maniobras del Consejo Superior

La urgencia del pedido de aclaratoria se precipitó tras las últimas resoluciones adoptadas por el Honorable Consejo Superior el pasado 9 de junio, donde se suspendió la asamblea de votación y se ordenó reescribir los turnos del calendario.

La oposición alertó que las decisiones del oficialismo rectoral están abriendo las puertas a un escenario de descontrol administrativo. En el propio texto de la demanda citaron las advertencias públicas realizadas por el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Sergio Robin, quien manifestó su abierta preocupación respecto a que una eventual reapertura de la etapa de inscripción de fórmulas terminaría por profundizar al extremo la judicialización de la casa de altos estudios.
Las dos preguntas clave que debe responder la Cámara

En el tramo resolutivo del documento, los denunciantes acorralan técnicamente al tribunal federal exigiéndole que responda por "sí" o por "no" de manera inmediata:

    ¿La adecuación comprende la posibilidad de reabrir actos ya precluidos de la etapa de inscripción de fórmulas para rector y vicerrector?

    ¿O debe entenderse estrictamente limitada a la reprogramación de los actos de debate y votación con las fórmulas oportunamente presentadas dentro del plazo original?

Asimismo, los exdecanos exigieron que cualquier aclaración ratifique la plena vigencia de la medida cautelar de fondo que impulsaron a comienzos de año invocando los artículos 17 y 190 del Estatuto. Dicha medida cautelar es la que mantiene suspendida la postulación del rector saliente, Sergio Pagani, por encontrarse comprendido en el supuesto prohibitivo de un tercer mandato ejecutivo consecutivo.