El empresario de transporte Sergio Gómez Sansone ratificó su ofensiva judicial contra la cúpula de la Unión Tranviarios Automotriz (UTA) tras recibir nuevas intimaciones. El directivo confirmó que recurrirá directamente a los tribunales ordinarios señalando: "Lo voy a pedir en la justicia penal ahora en la demanda en la que estoy haciendo contra todos delincuentes". Según expuso Sansone, el sindicato utilizaría los organismos de control estatales de manera asimétrica para minar la operatividad de sus firmas comerciales.
La tensión escaló luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a una audiencia de conciliación motivada por presentaciones que el transportista tildó de fraudulentas. Sansone manifestó su absoluto repudio ante el tenor de las acusaciones sindicales, argumentando con vehemencia que "han ido a hacer una falsa denuncia estos delincuentes avalado por la abogada que es otro personaje". La estrategia de la firma radica en visibilizar el constante hostigamiento administrativo que, según su visión, busca forzar de manera ilegítima paros de actividades.
El conflicto de fondo excede los reclamos salariales tradicionales y se posiciona, según el damnificado, como una persecución de carácter estrictamente corporativo. El titular de la empresa San Pedro de Colalao desnudó los presuntos intereses detrás de las medidas de fuerza al denunciar públicamente: "ellos lo que quieren es destruirme a mí empresarialmente". Las inspecciones integrales de la última semana fueron calificadas como herramientas de presión para desgastar el patrimonio de las líneas que operan en los sectores norte y sur de la provincia.
A pesar del escenario de fricción, las autoridades provinciales lograron frenar temporalmente las medidas de fuerza directas mediante la aplicación de herramientas legales vigentes. Sansone celebró la intervención del Ejecutivo local y concluyó aliviado que "ayer la Secretaría de Trabajo en una medida muy sensata dictó la conciliación obligatoria". Con este instrumento normativo, los servicios de la firma se garantizarán con normalidad mientras la justicia penal evalúa las denuncias por coacción presentadas por la patronal.
El empresario Gómez Sansone denunció penalmente a la UTA por extorsión y persecución empresarial. Tras el dictado de la conciliación obligatoria por la Secretaría de Trabajo, el titular de la empresa San Pedro de Colalao acusó al gremio de buscar su destrucción mediante falsas denuncias institucionales.
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