El grave episodio de vandalismo se registró sobre la calle San Lorenzo al 500, en pleno corazón de Barrio Sur de la Capital. Gracias al aporte clave de las filmaciones de las cámaras de seguridad de un vecino del lugar, las tripulaciones policiales lograron identificar y localizar al agresor en un puñado de días.
Un ataque de ira registrado por cámaras de seguridad vecinales
El incidente bajo investigación penal ocurrió el pasado 21 de junio en horas de la tarde. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos plasmada en las carpetas judiciales, el sospechoso circulaba a bordo de una motocicleta cuando el rodado padeció un desperfecto mecánico imprevisto en la calzada. Tras detenerse junto al cordón, el conductor descendió visiblemente alterado y, en un violento ataque de furia, comenzó a golpear reiteradas veces con su casco de protección civil la pantalla LED informativa instalada en el refugio hasta astillarla y romperla por completo.
A partir del material audiovisual aportado por el vecindario, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán radicó una denuncia penal de urgencia. En consecuencia, la fiscalía interviniente ordenó un allanamiento en la vivienda del presunto responsable, donde las fuerzas de seguridad secuestraron la motocicleta identificada en las planillas del caso. El agresor quedó formalmente procesado bajo la sospecha del delito de daño agravado, una tipificación del Código Penal que estipula sanciones de hasta cuatro años de reclusión efectiva.
Cero tolerancia: el Municipio busca una sanción ejemplificadora
Desde la intendencia capitalina buscan que este expediente judicial marque un punto de inflexión definitivo y funcione como un freno ante las constantes agresiones civiles contra el patrimonio social y el mobiliario estatal. Las paradas inteligentes de la Capital representan una importante inversión de fondos públicos destinada a optimizar los tiempos de viaje y la conectividad de los usuarios de colectivos.
Las autoridades comunales explicaron que el destrozo de estas pantallas táctiles e informativas anula por completo la difusión en tiempo real de los horarios, las frecuencias y los recorridos de las líneas de transporte, perjudicando de forma directa a miles de tucumanos que se mueven a diario. Por lo tanto, cada rotura intencional obliga al erario público a desviar recursos hacia costosas reparaciones técnicas y de software. Ante esta situación, el municipio anticipó que judicializará con la máxima rigurosidad penal cada ataque civil donde existan registros fílmicos nítidos de los delincuentes.
