La administración pública provincial se prepara para recibir, a partir del próximo lunes, un reajuste salarial del 3,2% destinado a compensar la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, el Poder Judicial, al no contar con paritarias convencionales ni convenios colectivos, ha quedado fuera de esta secuencia automática. Ante esta situación, los representantes gremiales del sector han presentado solicitudes escritas para clarificar si la Corte Suprema de Justicia tucumana adoptará la medida. “Hemos venido presentando por escrito una solicitud a los vocales de feria a los fines de que nos manifiesten, para calmar la incertidumbre de los trabajadores, si vamos a estar incorporados en ese pago”, señaló Omar Maldonado, referente del gremio.
La expectativa es que, de obtener una respuesta afirmativa, el reajuste se liquide mediante planilla adicional o, en su defecto, que se incorpore en los haberes de julio. Pese a que el porcentaje anunciado no logra revertir el impacto del proceso inflacionario, los judiciales consideran que toda mejora es necesaria para aliviar el bolsillo. “No hay que ser ingeniero de la NASA para darse cuenta que no es mucha plata, pero es un alivio, es una movilidad en la boleta de sueldo y es una mejora que le permite al trabajador tener cierta expectativa”, explicó Maldonado, reconociendo que aún existen categorías salariales muy bajas dentro del sistema.
“Nuestro diálogo con la Corte sigue siendo franco y leal, y estamos teniendo respuestas positivas en algunas cosas; confiamos en que nos van a tener en cuenta para este reajuste salarial”, manifestó el referente. Esta apertura en la comunicación ha permitido, según el gremialista, canalizar reclamos sobre mejoras salariales y aspectos internos de la carrera judicial que permanecían estancados durante años.
A pesar de los avances en materia salarial, la agenda gremial mantiene puntos pendientes de larga data que generan tensión en el sector. Entre ellos, el reclamo histórico por el pago del presentismo se alza como una de las prioridades principales para mejorar las condiciones laborales. “Fundamentalmente, nos queda pendiente en la agenda el pago del presentismo, un beneficio que venimos reclamando hace mucho tiempo; es una cuestión que sigue siendo parte de nuestros planteos centrales”, remarcó Maldonado.
La incertidumbre sobre el pago del 3,2% no solo afecta la economía familiar de los judiciales, sino que también pone de manifiesto la falta de mecanismos paritarios formales en el Poder Judicial. Esta carencia obliga al gremio a depender de gestiones constantes ante los vocales para equiparar los aumentos que el resto de la administración pública recibe por vías institucionales.
Mientras tanto, los empleados judiciales permanecen expectantes ante cualquier novedad oficial que les brinde certidumbre sobre el cobro de este reajuste. La resolución de este conflicto puntual se suma a una lista de desafíos que atraviesan los gremios en la provincia, donde la lucha por la recuperación salarial sigue siendo el eje central de la actividad sindical. “Es una ayuda, y por eso bienvenido sea cualquier ingreso; esperamos que la respuesta sea positiva para todo el personal que espera este alivio ante la situación económica que vivimos”, concluyó el sindicalista.
Tras el anuncio del Gobierno provincial sobre un aumento complementario para la administración pública, los trabajadores del Poder Judicial se encuentran en estado de incertidumbre. Judiciales Agremiados presentó pedidos formales ante la Corte Suprema de Justicia para confirmar su inclusión en la mejora y conocer la modalidad de pago, en un contexto de salarios que aún pierden frente a la inflación.
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