La discusión en torno a la vigencia plena de la Ley de Identidad de Género volvió a instalarse en la agenda pública tras las medidas del Gobierno Nacional dirigidas a restringir los tratamientos de hormonización en menores de edad. Desde las organizaciones de la sociedad civil la respuesta fue inmediata al considerar que cualquier intento de limitar estos derechos por vía ejecutiva constituye un retroceso arbitrario. “Siento un respiro ahora que se ha derogado este intento de perjudicar ampliamente a las adolescencias trans en este país; fue un golpe duro porque la ley ya tiene muchos años y se aplica bien”, expresó Fabiana Taboada, integrante de la fundación Transformando Familias, al analizar las recientes definiciones judiciales que frenaron la medida oficial.
Desde la ONG advierten por la falta de conocimiento del Gobierno respecto a cómo se llevan a cabo estos procedimientos en el sistema de salud. Según explicaron desde la entidad, existe una narrativa errónea que presenta el acceso a los tratamientos como un trámite exprés o carente de controles profesionales. “Al Ejecutivo Nacional le faltó muchísima información; no es que viene un niño y dice 'soy trans' y ahí no más se lo hormoniza. No es a la ligera, es un proceso muy complicado que lleva mucho tiempo, donde intervienen médicos, psicólogos y la contención de la familia”, remarcó Taboada para desmentir las posturas que estigmatizan el acompañamiento interdisciplinario.
Desde el punto de vista presupuestario, el argumento del ajuste fiscal como justificación para frenar la cobertura médica tampoco encuentra sustento en las estadísticas oficiales. La población de adolescentes trans representa un porcentaje ínfimo respecto al total nacional, por lo que el impacto en las arcas públicas es insignificante en comparación con el costo humano que genera la interrupción de las prestaciones. “Estadísticamente, los adolescentes trans no son ni el 1% de la población de toda la República Argentina; económicamente no le afecta en nada al país seguir garantizando la hormonización. Nos quitaban la posibilidad de ayudar a nuestros hijos por pura falta de información”, argumentó la representante.
El rol del núcleo familiar resulta determinante para transitar las barreras burocráticas que imponen tanto el sector público como las obras sociales privadas. En ese sentido, las agrupaciones de padres cumplen una función pedagógica y de contención indispensable ante la escasez de formación en perspectiva de género en los ámbitos educativos y sociales tradicionales. “Todos los papás queremos que nuestros hijos sean felices, y para eso hay que entenderlos. La mayoría de los padres no teníamos idea de qué era ser transgénero; lo primero que hicimos fue ponernos a estudiar y averiguar para poder acompañar a nuestros hijos con amor”, afirmó Taboada sobre la experiencia de las familias organizadas.
La referente tucumana también cuestionó la carga discursiva vertida desde las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, señalando que los prejuicios personales no deben orientar las políticas públicas de un Estado democrático. La descalificación hacia las infancias y diversidades impacta de forma directa en la salud mental de los jóvenes durante una etapa crítica de desarrollo. “El presidente tiene una alta carga transfóbica y habla sin autoridad moral porque no conoce lo que es amar a un hijo con devoción. La adolescencia es una etapa de plena formación y no tener una ley que nos apoye o ver que intentan quitar derechos es sumamente traumático para ellos”, aseveró.
Finalmente, las organizaciones sociales se mantienen en estado de alerta ante la evolución de las causas judiciales que deben resolver la cuestión de fondo sobre la validez de los decretos. La preocupación trasciende el marco sanitario e involucra la defensa de la institucionalidad frente a decisiones que atentan contra leyes aprobadas por el Congreso. “Hay una ley nacional y no se puede modificar por un simple decreto; si la justicia permite eso, este país se vuelve un chiste. Esperamos que no se levanten las medidas cautelares y que las autoridades entiendan que con el futuro y la salud de nuestros hijos no se puede comerciar ni especular”, concluyó Taboada.
Fabiana Taboada, referente de la fundación tucumana, celebró el freno judicial a los intentos del Ejecutivo Nacional de restringir la hormonización en menores. Denunció falta de información en las políticas del Gobierno y destacó la necesidad de acompañamiento familiar y médico frente a la estigmatización.
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