La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), que agrupa a pymes de transporte de cargas y logística, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de la Capital Federal para suspender la aplicación del Decreto 612/2026, dictado por el Poder Ejecutivo en julio pasado.

La norma, que fue consensuada entre el Gobierno y la CGT para «aclarar» la reglamentación de la reforma laboral, amplió la base de cálculo de los aportes y contribuciones que financian a los sindicatos, generando un incremento inmediato que calculan en 18,87% en el que las empresas contabilizan como costo mensual por trabajador.

Lo que está en juego es la interpretación del artículo 9° de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, reformado por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

Hasta junio de 2026, el Decreto 407 había fijado como base de cálculo el salario básico convencional de cada trabajador. Sin embargo, el nuevo decreto sumó a esa base «las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual», lo que en la práctica eleva sustancialmente el monto sobre el que se calculan las contribuciones patronales.

El amparo sostiene que el cambio afecta de manera directa el flujo de caja de las empresas, especialmente en un sector donde la mano de obra representa el mayor costo.

Además, CATSE cuestiona la pretensión de aplicar la norma con efecto retroactivo: el decreto entró en vigencia «desde su dictado» el 17 de julio, pero fue publicado recién el 20. Por eso, solicitan que la Justicia declare que los pagos realizados entre el 1° de junio y esa fecha sean considerados «intangibles» y no puedan generar reclamos posteriores.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la acusación de que el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades que corresponden al Congreso. Según CATSE, solo el Parlamento puede fijar los límites y las bases de cálculo para este tipo de obligaciones, por lo que la alteración por decreto constituye un «exceso reglamentario».

«Las empresas de la clase ajustaron presupuestos, tarifas, estructuras y decisiones de contratación sobre la base del régimen que el propio Estado fijó y publicó el 1° de junio de 2026. Cuarenta y siete días después, el mismo Estado, sin cambio legal alguno, agravó ese régimen con pretensión retroactiva», afirma la demanda.

Si la Justicia accede al pedido, el impacto será directo sobre la estructura del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, uno de los gremios con mayor peso del país.

La cámara aclara que existe una causa paralela en el fuero laboral iniciada por el propio sindicato, pero remarca que en ese expediente los intereses son «frontalmente opuestos».

«Los trabajadores continuarán percibiendo la totalidad de sus remuneraciones convencionales, exactamente igual que antes de la medida», enfatiza CATSE, para despejar cualquier duda sobre el alcance de su reclamo, que apunta exclusivamente al flujo de cargas patronales destinado a las estructuras colectivas.

Ante la superposición de normas que, según CATSE, generan una «indefinición casi total», el Decreto 407, el Decreto 612 y una medida judicial que suspendió parcialmente el primero, la entidad pidió una medida cautelar de no innovar.

El objetivo es que el Poder Ejecutivo no aplique el nuevo decreto a las empresas representadas mientras se resuelve el fondo del planteo. La cámara advierte que el daño es «inminente, mensual, acumulativo y de imposible reparación ulterior», y que cada liquidación salarial implica un nuevo costo extra que para muchas pymes puede significar embargos bancarios y la parálisis de la operatoria habitual./infogremiales.com.ar