El fiscal a cargo del expediente solicitó la pena máxima de prisión perpetua para el principal acusado, Felipe Sosa, al tiempo que embistió contra la compleja red de protección que colaboró en el encubrimiento y la fuga.

El avance procesal marca un hito en la investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, que logró reconstruir las horas clave posteriores al crimen y desentramar los eslabones logísticos que intentaron garantizar la impunidad del femicida.


De acuerdo con la reconstrucción expuesta por el titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I, Pedro Gallo, el trágico derrotero comenzó en las primeras horas del 7 de enero de 2026. Tras tomar un vehículo de plataforma digital desde su domicilio en San Miguel de Tucumán, Érika llegó cerca de las 3:50 de la madrugada al domicilio de Sosa ubicado en Yerba Buena. Entre ese horario y las 7:00, la víctima fue sometida a una agresión de extrema violencia que le provocó la muerte instantánea como consecuencia de un traumatismo cráneo-facial y cervical.

Durante su exposición, el fiscal argumentó con contundencia los agravantes de género:

    Vulnerabilidad extrema: Gallo remarcó que el agresor se aprovechó deliberadamente de una profunda relación asimétrica de poder, explotando la precariedad económica, social y los problemas de consumo que padecía la joven.

    Degradación y simbolismo: Del peritaje realizado al teléfono celular del imputado surgieron expresiones denigrantes hacia las mujeres que frecuentaban su vivienda, evidenciando que "consideraba a Érika un objeto más de divertimento". Para la fiscalía, la modalidad de descartar el cuerpo envuelto en una bolsa en un basural reviste un marcado contenido simbólico y significativo.

La red de encubrimiento: limpieza de la escena, armas pesadas y fuga

El requerimiento de elevación a juicio no solo recae sobre el autor material, sino que alcanza a dos presuntos cómplices para quienes la fiscalía solicitó una pena de seis años de prisión efectiva:

    Justina Gordillo: Acusada de encubrimiento triplemente agravado por la gravedad del delito subyacente, el ánimo de lucro y su condición de funcionaria pública. La investigación comprobó que mantuvo comunicaciones con Sosa inmediatamente después del femicidio, colaboró en el ocultamiento del cuerpo y facilitó su fuga hacia la provincia de Buenos Aires proveyéndole dinero, información clasificada de la pesquisa y una motocicleta marca KTM.

    Jorge “Chicho” Díaz: Vinculado a la firma comercial «Mundo Limpio», se trasladó hasta la escena del crimen a bordo de una camioneta de la empresa. Su rol consistió en colaborar activamente en la limpieza del lugar, hacer desaparecer el teléfono celular de la víctima y retirar un estuche con armamento pesado —que incluía una pistola Glock calibre 40, una escopeta calibre 12 y municiones— para ocultarlo.