Al cuestionar la validez constitucional del artículo 90 que regula los mandatos en el Poder Ejecutivo, el referente opositor sentenció que el mandatario provincial está "flojo de papeles" y advirtió sobre la persistente falta de seguridad jurídica que afecta el desarrollo institucional del distrito.
La presentación, elaborada en conjunto con un equipo técnico de abogados encabezado por el legislador Manuel Courel y referentes de distintos espacios políticos opositores, abre un frente de conflicto de alto voltaje político con vistas al próximo calendario electoral en Tucumán.
La presentación contra el artículo 90 y los antecedentes jurisprudenciales
El planteo impulsado por Campero pone bajo la lupa el artículo 90 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, la norma que rige las posibilidades de postulación para los cargos de gobernador y vicegobernador. Según explicaron los promotores de la acción judicial, la demanda busca declarar la incompatibilidad de las pretensiones reeleccionistas del oficialismo tomando como referencia antecedentes jurisprudenciales recientes y fallos dictados en otros distritos del país que acotaron la perpetuación en los cargos ejecutivos.
Durante su presentación pública, el diputado remarcó que la provincia arrastra un historial de controversias en torno a su carta magna y sostuvo que la normativa vigente vulnera los principios republicanos básicos de alternancia en el poder, configurando un escenario de extrema fragilidad institucional que amerita la intervención directa del máximo tribunal provincial.
Críticas a la falta de seguridad jurídica y desvío de prioridades gubernamentales
Más allá de la disputa estrictamente jurídica en torno a la figura de Jaldo, Campero amplió sus cuestionamientos hacia el modelo de gestión del oficialismo provincial, al que acusó de priorizar los armazones políticos por sobre las urgencias estructurales que padece la ciudadanía tucumana. El legislador advirtió que la falta de previsibilidad legal ahuyenta las inversiones y debilita el clima de negocios en la región.
En esa misma línea, el referente opositor enumeró los graves déficits que registra la provincia en materias críticas como la infraestructura vial, el mantenimiento de los caminos rurales y la prevención de inundaciones en zonas productivas. Para el diputado, la postergación histórica de estas soluciones es la consecuencia directa de un oficialismo abocado de manera exclusiva a diseñar estrategias de supervivencia institucional y a saltar alternadamente entre las titularidades del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
La construcción de una alternativa opositora con la mira puesta en las urnas
Lejos de disimular el trasfondo político de la iniciativa judicial, Campero reconoció abiertamente que la presentación ante la Corte forma parte de una estrategia integral orientada a consolidar un frente opositor unificado y competitivo de cara a las próximas elecciones provinciales. El objetivo central de este espacio en formación es articular a los distintos sectores disidentes para disputar el poder real al oficialismo y ofrecer una plataforma de gobierno centrada en la generación genuina de empleo, la modernización de la infraestructura y el fortalecimiento de la seguridad rural.
“En el fondo, todo esto es para ganar el año que viene; queremos ganar el año que viene”, ratificó el legislador, marcando el pulso de una campaña que promete escalar en intensidad tanto en los estrados judiciales como en el debate público provincial a lo largo de los próximos meses.
