El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses para resguardar el proceso. El Ministerio Fiscal (MPF), a través de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, subrogada por Carlos Sale, formalizó la imputación por el delito de lesiones graves contra una mujer acusada de atacar a su vecina en la vía pública.
Durante la audiencia correspondiente, la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi relató las circunstancias del hecho, formuló los cargos provisorios y detalló el cuadro médico resultante de la violenta agresión física.
Según la acusación formulada por el MPF, el episodio tuvo lugar el pasado 2 de mayo de 2026, alrededor de las 13:30 horas, en circunstancias en que la víctima descendía de su vehículo particular en la vereda de su domicilio, sobre calle Dall'Asta al 2200 del barrio San Nicolás de la ciudad de Concepción.
En ese momento, fue abordada sorpresivamente por la imputada, quien comenzó a proferirle insultos y a increparla bajo el reclamo de que le arrojaba basura en su propiedad.
Ante esta situación, la damnificada intentó ingresar de inmediato a su vivienda para evitar el conflicto. Sin embargo, la atacante se abalanzó sobre ella y le propinó un violento empujón por la espalda, provocando que perdiera el equilibrio y cayera pesadamente en la vereda. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió fractura por compresión en el húmero de su brazo izquierdo, así como fractura de radio distal y de la apófisis en su muñeca izquierda, con compromiso ligamentario y articular severo.
Por la gravedad del impacto, las lesiones constatadas requirieron un tiempo de curación e inutilidad laboral superior a los 30 días, encuadrándose la conducta provisoriamente bajo la calificación legal de lesiones graves en calidad de autora.
Medidas de coerción
Al momento de formular los cargos, con el objetivo de resguardar el normal avance de la causa y garantizar la integridad física de la damnificada, la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi requirió la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por el término de seis meses, fundamentando la necesidad de fijar reglas de conducta ante el conflicto vecinal existente.
Tras evaluar la exposición de la Fiscalía y las evidencias recolectadas hasta la fecha, el juez interviniente hizo lugar a los requerimientos del Ministerio Fiscal, dejando a la acusada formalmente ligada al proceso penal./MPF
